Gallardón reclama la segunda descentralización

La Unión Europea ya ha emprendido una importante contención del gasto público, pero lo cierto es que, más allá de esa medida, en el caso español, algo que el actual Gobierno no ha entendido, está todavía pendiente una reforma más profunda, de carácter estructural, que, guiada por los principios de austeridad, transparencia y eficacia, tiene que afectar al propio funcionamiento del sector público.

Distribución de responsabilidades

La gestión de los servicios debe estar a cargo de aquel que acredite ser más eficiente. Tanto la Constitución como sus leyes de desarrollo han favorecido que, sobre una misma materia, los tres niveles de gobierno ejerzan algún tipo de competencia: normativa, de planificación, de coordinación, de gestión, de fomento, de inspección... Esto, a su vez, ha creado la existencia de competencias duplicadas. Podemos -señaló Gallardón- poner muchos ejemplos: las becas del Ministerio de Educación, el Programa de Renta Activa de Inserción para desempleados del Ministerio de Trabajo, o la Sociedad Pública del Alquiler, asuntos en los que las competencias han sido transferidas a otras Administraciones, aunque, por lo que se ve, no los recursos que se dedican a estos aspectos. Y lo mismo cabe decir entre el nivel autonómico y el local, donde surgen las llamadas competencias impropias, que, como consecuencia de una fuerte demanda social, son atendidas por los ayuntamientos aunque sea sin disponer ni de las competencias ni de la financiación. En este punto, por tanto, conviene abordar un proceso de revisión de las competencias impropias de los municipios, de modo que se concrete en la norma jurídica correspondiente la entidad pública que deba ejercer la competencia y se clarifique su régimen de financiación.

Eficacia y racionalidad

La respuesta a la pregunta sobre la eficacia y racionalidad de la existencia de dos y hasta tres redes de servicios administrativos para prestar determinados servicios públicos requiere sin duda un riguroso análisis técnico, seguido de un acuerdo de voluntades políticas entre los distintos gobiernos territoriales. En opinión de Gallardón, "hay que estudiar, caso por caso, en cada Comunidad Autónoma, las duplicidades existentes, con el fin de promover un gran pacto que atribuya la gestión de cada uno de los servicios a aquella entidad que ofrezca una mayor garantía de eficacia". Reivindicación que defendió el alcalde Madrid en el Pleno que tomó posesión, al igual que se pronunció también favorablemente en su investidura la Presidenta regional, y como previamente había hecho el Presidente Nacional, Mariano Rajoy. De ese consenso general en torno a esta necesidad surge la comisión constituida en la Asamblea regional de Madrid para buscar una solución eficaz a esta cuestión. Es preciso no perder de vista el principio de diferenciación, en virtud del cual habrá que considerar que las grandes ciudades tienen una capacidad de gestión distinta de la de los medianos o pequeños municipios. Y es obvio que esta revisión de competencias no servirá de nada si no se observa otro principio: el de suficiencia financiera.

Mecanismos de coordinación, cooperación y participación 

La elaboración de la Ley de dependencia, sin la participación de las Comunidades Autónomas y sin los Ayuntamientos, ha ocasionado problemas de financiación de los servicios previstos. "Esto no puede volver a ocurrir", sentenció Gallardón. "Necesitamos, pues, revisar en profundidad los mecanismos de coordinación y cooperación para analizar su eficacia, así como comprobar que todos los organismos con competencias en la gestión de cada política se encuentran representados en cada instancia de decisión. A modo de ejemplo, un tema tan relevante como la financiación de las entidades locales carece de un órgano específico de coordinación donde estén representados Estado, Comunidades Autónomas y los propios gobiernos locales. De manera que este proceso de revisión del sistema de distribución de competencias, que debe ocupar un lugar preferente dentro de la agenda de reformas del sector público español, no solo favorece la eficacia de los servicios y las políticas públicas, sino también su calidad democrática."