Destacamos “el compromiso y el diálogo” del Gobierno para acordar con los grupos la Ley del Sector Público

“Un gran esfuerzo del Ejecutivo, en especial del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y de los grupos parlamentarios por acordar un texto que ha contado con más de 1.081 enmiendas de las cuales se han transaccionado 975”, ha subrayado el diputado del PP, quien ha puesto en valor también las aportaciones de la sociedad civil.

Al mismo tiempo que se estaba tramitando la norma y se producían las negociaciones parlamentarias, “el GPP se reunió con más de 60 entidades, colectivos profesionales y sociales” para escucharles y canalizar sus aportaciones. De esta manera, ha apuntado que se ha “conseguido un amplio acuerdo político y social” en torno al texto final del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.

Durante el debate de esta iniciativa legislativa en la Comisión de Hacienda, el diputado del PP ha asegurado que “es mejor un proyecto de ley acordado que todos los proyectos de ley llenos de razones y verdades absolutas”.

Por ello, José Vicente Marí ha invitado a los grupos a tomar como ejemplo esta norma y a seguir por esta senda de “diálogo sincero con el objetivo de seguir resolviendo los problemas de los españoles”.

Para el diputado popular, “resulta frustrante saber que existe un punto de mutua concesión y abdicar de ello para someterlo a otro tipo de consideraciones cortoplacistas u otro tipo de estratagemas”. “Esto –ha indicado- está muy alejado del interés de los ciudadanos y está en la base de la pérdida de crédito en la política”.

Por último, José Vicente Marí ha asegurado que este Proyecto de Ley es “transversal y transcendente, ya que afecta a amplios sectores de nuestra actividad productiva, y va en la línea de las reformas estructurales aprobadas por el Gobierno de Rajoy que están mejorando nuestra actividad económica”.

Para ello, ha concluido que esta norma construye “una mejor arquitectura institucional para profundizar en la regulación y supervisión de la contratación pública, lo que garantiza mayor transparencia en todos los procesos de contratación y mejores instrumentos en la lucha contra las irregularidades administrativas y la corrupción”.