Barreda: “La reforma da respuesta penal a la exigencia de la sociedad de no dar tregua a los corruptos y de verles responder ante los tribunales”

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Leopoldo Barreda, afirmó hoy que “el conjunto de la reforma incorpora importantes medidas que deben potenciar la acción de la Justicia frente a la corrupción y que dan respuesta penal a la exigencia de la sociedad española de no dar tregua a los corruptos y de verles responder ante los tribunales de sus actos”.

En su intervención en el debate sobre la reforma del Código Penal, Barreda consideró que “está fuera de toda duda” que en lo que se refiera a la corrupción, “los ciudadanos desean ver una respuesta penal eficaz para combatir una lacra que mina la confianza en las instituciones y ataca principios básicos, no sólo de orden moral o de legalidad, sino también en términos de igualdad”.

En este sentido, el portavoz popular explicó que “la reforma introduce notables mejoras en los tipos específicamente vinculados en la lucha contra la corrupción, tanto en los delitos contra la administración pública como los delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social”, delitos estos últimos ya reformados con anterioridad en esta misma Legislatura.

Así, en relación a la lucha contra la corrupción y, por tanto, al esfuerzo de regeneración democrática, destacó “novedades relevantes y cambios trascendentes” como “el aumento generalizado de las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público en los delitos contra la administración pública”.

“Este incremento en las penas de inhabilitación se produce en los delitos de prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias o apropiación indebida, entre otros y se incrementan tanto las penas mínimas como las máximas en materia de inhabilitación”, subrayó.

Además, Barreda aseguró que “en los delitos más graves, que ya incorporaban la pena de inhabilitación para empleo o cargo público, se añade la imposición adicional, no alternativa sino adicional, de otra pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, es decir, que los condenados por delitos de corrupción tampoco podrán optar a un cargo político y así se ha previsto en los delitos de cohecho, prevaricación de funcionarios y de tráfico de influencias”.

En el caso de los particulares implicados en delitos contra la administración pública, señaló que “se amplían hasta diez años en los casos más graves las prohibiciones de contratar con la administración, de recibir subvenciones o ayudas o de acceder a incentivos fiscales o de la Seguridad Social”.

También indicó que “se han ampliado los plazos de prescripción, que llegarán hasta los quince años, es decir, que se alargan los plazos para evitar esa sensación de impunidad de los corruptos por el mero paso del tiempo”.

FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Así, Leopoldo Barreda destacó que, a todo lo anterior, hay que añadir los delitos de financiación de los Partidos Políticos y la nueva regulación del comiso. “El resultado de todo ello –dijo- es una reforma que da respuesta a la demanda social de lucha contra la corrupción y que más allá del ingreso en prisión de los corruptos, que también, lo que consigue es alejarlos de la administración y de los cargos públicos y facilita la recuperación de bienes y caudales indebidamente obtenidos”.

En relación a este asunto, el dirigente del PP explicó que la reforma introduce un nuevo título dedicado a la tipificación de la financiación ilegal de los Partidos Políticos. En este sentido, consideró “necesaria” esta respuesta penal a los casos de corrupción que han afectado a la vida política española.

“Los ciudadanos no tienen la menor duda de la necesidad de esta regulación y creemos que el impulso de la regeneración democrática y la eficacia de la lucha contra la corrupción precisaban de un tipo o tipos penales específicos para estos actos delictivos”, subrayó.

Barreda precisó que la reforma “castiga con penas de hasta cuatro años de prisión a quienes entreguen, acepten o reciban donaciones o aportaciones ilegales destinadas a Partidos Políticos y de hasta cinco años de prisión a quienes formen parte de estructuras u organizaciones destinadas a la financiación de partidos políticos al margen de las previsiones legales”.

Asimismo, señaló que “los condenados por delitos contra la administración pública deban cumplir con sus responsabilidades pecuniarias y reparar el daño causado antes de acceder a la libertad condicional, o lo que es lo mismo, les será denegada en caso contrario”.

NUEVA REGULACIÓN DEL COMISO

En cuanto a la nueva regulación del comiso, el dirigente del PP declaró que la misma “persigue la recuperación de lo ilícitamente obtenido y trata de evitar que corruptos o delincuentes de todo tipo puedan eludir la acción de la justicia”. En este sentido, añadió que la reforma “aporta a la Justicia instrumentos más eficaces para la recuperación de bienes y todo tipo de activos y regula también el comiso sin sentencia, el comiso ampliado y el comiso de bienes de terceros”.

Barreda destacó también el alcance de la reforma en lo relativo al castigo de conductas relativas a la discriminación, incitación al odio, a la violencia o la xenofobia. “En lo relativo a redes sociales e internet, se penaliza el enaltecimiento de estas conductas, se crean subtipos agravados y se introduce la inhabilitación especial para profesión u oficio educativos”, subrayó.

En lo que afecta a la libertad sindical, aseguró que “las coacciones son incompatibles con el supuesto ejercicio de derechos fundamentales”, al tiempo que afirmó que “la prestación de ayuda humanitaria a inmigrantes no debe ser delito”.

Por último, en lo referente a los delitos de terrorismo, el portavoz del PP se congratuló ante “la posibilidad abierta de acuerdos amplios en esta materia a pesar de que vaya a ser objeto de una reunión independiente, de verdaderos pactos de Estado, imprescindible para hacer frente a las nuevas modalidades delictivas, singularmente las derivadas del terrorismo yihadista”. “Acuerdos –advirtió- de los que nadie será excluido y de los que nadie se debe excluir”.