Asegura que: "Estos hechos atroces no pueden quedar en el olvido y nuestra sociedad debe dar respuesta a quien quiere saber y sancionar a los responsables".
La senadora del PP por Palencia, Ángeles Armisén, ha destacado, hoy en la Comisión de Justicia del Senado, los mecanismos puestos en marcha, en los últimos dos años, por el Ministerio de Justicia a propuesta de las asociaciones y en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Fiscalía, Ministerio de Interior etc., en relación al caso denominado de los bebés robados.
En la Comisión de Justicia del Senado han comparecido dos representantes de Asociaciones de Afectados por el caso denominado de bebes robados, como Antonio Barroso Berrocal, Presidente de ANADIR y Mar Soriano Ruiz, Portavoz de la Plataforma Afectados Clínicas de toda España, Causa Niños Robados.
Armisén ha destacado que ambos comparecientes han puesto de manifiesto el drama de muchas familias y personas ante la situación de no saber dónde se encuentran sus hijos, que les fueron robados al nacer y el de quienes sabiendo que tienen unos padres biológicos, no les conocen.
Así, la senadora palentina explica que, a pesar de que se han iniciado caminos para conseguir el objetivo de hacer efectivo el "Derecho a saber" de los afectados, los comparecientes han instado a mayor celeridad y eficacia de los organismos y administraciones implicadas, sobre todo la judicial.
Ángeles Armisén, que ha intervenido en nombre del Grupo Popular, ha puesto de manifiesto que, la primera reunión con el Ministerio, tuvo lugar en Febrero de 2012, y se escucharon las reivindicaciones y propuestas de las numerosas asociaciones, "no todas ellas coincidentes". "La prioridad de los afectados es encontrar a sus familiares y, también, buscar la sanción de los infractores", ha remarcado.
Para ello, -ha continuado Armisén- desde esta reunión hasta hoy se ha constituido un grupo de trabajo con todas las administraciones implicadas, se ha nombrado un fiscal coordinador, se ha creado un fichero de solicitudes de información administrativa y uno de perfiles de ADN (modelos aprobados por orden ministerial de 1 de octubre de 2012).
Igualmente, ha expuesto que se ha creado un protocolo de actuación con el Instituto nacional de Toxicología y se ha desarrollado una aplicación informática para gestionar esta información. "Se ha creado también una Oficina de Información y Gestión, con sede en la Calle de La Bolsa, dirigida por una Secretaria Judicial con mecanismos para recibir solicitudes de todo el territorio nacional", ha recordado.
Para finalizar, Armisén destacó la necesidad de coordinación y unidad de atención, a través de la información a los afectados; de unidad de criterio en la actuación de la Fiscalía, a través de la circular 2/2012; y de la colaboración con las asociaciones de afectados. "Estos hechos atroces no pueden quedar en el olvido y nuestra sociedad debe dar respuesta a quien quiere saber y sancionar a los responsables", ha finalizado.