La Constitución reconoce de forma clara y suficiente el derecho de todos a utilizar la lengua oficial de todo el Estado

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Marta Torrado, aseguró hoy, respecto al uso de las lenguas cooficiales en nuestro territorio, que “la normativa vigente reconoce de forma clara y suficiente el derecho de todos los ciudadanos a utilizar la lengua oficial de todo el Estado”. 

En este sentido y en respuesta a una moción de UPyD sobre la oficialidad del castellano como lengua común española, la portavoz del PP afirmó que más que dictar una nueva normativa, debe trabajarse para garantizar la adecuada aplicación de la vigente “y asegurar que los ciudadanos van a poder ejercer sus derechos lingüísticos con libertad”.

En su intervención en el pleno, Torrado recordó que la preocupación del PP por la lengua “no se limita a hechos concretos acaecidos en las últimas oleadas independentistas o en el periodo de matriculación de escolares”. 

Así, explicó que “desde el Ministerio de Educación se realiza un seguimiento continuado y constante sobre un aspecto tan fundamental de nuestra cultura y tan determinante para la formación de los alumnos y alumnas de nuestros centros educativos”.

“España –dijo- es un país especial, incluso único, porque pocos países de nuestro entorno han recibido una herencia cultural tan heterogénea, rica y variopinta”.

“La hemos recibido y la hemos absorbido como nuestra, de manera que esa mezcla ha conseguido homogeneizarse dando como resultado una lengua común que se ha nutrido con cada una de las lenguas autóctonas y con las que llegaron de otros lugares del mundo, convirtiéndose con el paso de los años en la que hoy es la segunda lengua materna más hablada en todo el planeta”, subrayó.

Asimismo, recordó que “la democracia que tenemos la suerte de disfrutar establece un ordenamiento jurídico, unos derechos y unos deberes” y que todos “tenemos que cumplir las normas, tanto las personas físicas como las jurídicas y si no se cumplen, existen los mecanismos para defender los derechos establecidos”.

VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE SU ARTÍCULO 3º

La portavoz adjunta del PP aseguró que la vigencia de la Constitución española y, por tanto, la de su artículo 3º “que reconoce el deber de todos los españoles de conocer el castellano como lengua oficial del Estado y el derecho a usarla, es indudable y cuando algún ciudadano ha visto mermado ese derecho, ha recurrido a los tribunales recibiendo la atención y la contestación a su demanda”.

En lo que respecta al ámbito educativo, Torrado señaló que “lo que hay que garantizar es el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales mediante la programación de la oferta educativa de la correspondiente Comunidad Autónoma”.

“Las Administraciones educativas deben garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable”, aseveró.

Por ello, recordó que si la programación de la Administración educativa competente no garantizase dicha oferta, la disposición adicional trigésima octava de la LOMCE “establece un mecanismo subsidiario de compensación de costes a las familias, en garantía del derecho a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales”.

Por último, Marta Torrado indicó que “la Administración pública está obligada a actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho” y que “los tribunales han declarado reiteradamente el derecho de los ciudadanos a que el castellano se utilice como lengua vehicular”.