Recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad garantiza la seguridad jurídica y la constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, señaló hoy que la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de Estatuto de Autonomía como para sus propuestas de reforma evitará en el futuro que se reproduzcan situaciones como la que se produjo en el pasado con el Estatuto de Cataluña y, de esta forma, “nadie podrá tener en adelante la tentación de utilizar las reformas de los Estatutos de Autonomía como ariete para intentar desafiar o romper el marco constitucional”.

Tras registrarse la víspera la enmienda presentada con este fin por el GPP a la Proposición de reforma de la Ley Orgánica del TC, el dirigente popular puso en valor “el positivo y relevante” acuerdo alcanzado con el PSOE, que comparte la aspiración de “fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la seguridad jurídica y proteger el actual marco constitucional sirviendo a los intereses generales”.

Según subrayó el secretario general del GPP, “al fin y a la postre hay una única soberanía, una única legitimidad -enfatizó-, que es la que emana de la Constitución y a la que deben someterse todas las normas del ordenamiento jurídico, incluidos los Estatutos de Autonomía”, pues “no conviene olvidar que la soberanía es única y previa a la autonomía”.

Para evitar que se produzcan periodos de incertidumbre por demoras en la resolución por parte del TC, la enmienda presentada por el GPP otorga carácter preferente al recurso previo de inconstitucionalidad, que se materializará dentro de los tres días siguientes a su aprobación por las Cortes. Desde el mismo instante en que se interpone el recurso, se suspenden automáticamente todos los trámites ulteriores y la entrada en vigor de los proyectos de Estatuto o sus propuestas de reforma que constituyan un desafío al marco constitucional, por lo que se evitarán situaciones como la vivida en el pasado con el Estatuto de Cataluña.

De igual manera, se establece un plazo improrrogable de seis meses para que el TC resuelva, lo que redundará en la seguridad jurídica.