El 40% de los actuales beneficiarios se han incorporado en los últimos 3 años, con el Gobierno del PP.
La portavoz de Servicios Sociales del Grupo Popular, Macarena Montesinos, destacó hoy los avances introducidos en la Ley de Dependencia por el Gobierno de Mariano Rajoy que “ha garantizado un sistema de calidad, equitativo y sostenible”, frente a “la radiografía preocupante”, constatada en su momento por el Tribunal de Cuentas (TdC), de los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En su intervención en el Pleno que debatió la iniciativa presentada por el GPP, que propone evaluar el grado de desarrollo de la ley a fin de modificar los aspectos mejorables, Montesinos indició en las actuaciones llevadas a cabo en los tres últimos años de la legislatura que han propiciado que se haya ordenado y simplificado la normativa; que se haya mejorado la calidad de las prestaciones ampliándola a todos los grados; que haya aumentado la calidad de la atención, fomentándose la creación de empleo; que se haya priorizado la atención agrandes dependientes y a dependientes severos, alcanzando la tasa de cobertura el 89%; o que se haya reforzado la atención a los menores.
La dirigente popular echó la vista atrás -citando el informe de gestión del TdC sobre dependencia entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010-, que dejó una radiografía muy preocupante de aquel momento, pues “la universalidad derivó en 17 sistemas diferentes, la mayoría de las comunidades incumplían el plazo máximo de seis meses en el reconocimiento de la prestación, más 300.000 personas -un 28,91%-, se encontraban en lista de espera y había información sin actualizar, personas fallecidas y duplicidades”, reduciéndose además la financiación de la Dependencia en 234 millones durante 2011 y con el Imserso sin pagar la totalidad de la deuda contraída con la Seguridad Social, que alcanzó la cifra de 1.034 millones.
A día de hoy, detalló Montesinos, el sistema con respecto a 2011 refleja “más beneficiarios con prestación -hay 745.720 personas beneficiarias con derecho a prestación-; se han incorporado 304.307 nuevos beneficiarios de prestaciones, el 40% de los cuales se han incorporado en los últimos 3 años; hay menos personas pendientes de recibir prestación, con un descenso del 51,62%; hay más servicios profesionales, más empleo y más cobertura”, unas cifras que se revalorizan “por la mala gestión de la crisis que hizo el PSOE”.
Los cambios experimentados durante esta legislatura son, por tanto, incuestionables, lo que “reafirma nuestro compromiso con las personas dependientes y el afán de mejorar su atención”, añadió Montesinos, frente a aquellos que sostienen que se han recortado los derechos. Además, dijo, se han solucionado las irregularidades reflejadas por el TdC, habiéndose recuperado 39 millones de los PGE y pagando la deuda reconocida por el PSOE de 1.034 millones a 15 de noviembre de 2011.
A partir de ahí, la parlamentaria popular recordó que las comunidades autónomas son las que deciden quién se incorpora al sistema, lamentando especialmente la situación por la que atraviesa la Junta de Andalucía, comunidad que está retrasando la media nacional de la evolución positiva en cuanto a la resolución del reconocimiento de la prestación, pues “una de cada tres personas que se encuentra a la espera de recibir una prestación vive en Andalucía”. A esto hay que sumar, advirtió Montesinos, “la opacidad de la Junta de Andalucía, que aún no ha facilitado la certificación correspondiente a la ejecución presupuestaria”.
En último lugar, Montesinos hizo hincapié en que “la dependencia no debe ser moneda de cambio entre partidos”, y abogó por abordar los retos de la Dependencia planteando una evaluación del grado de desarrollo de esta norma -tal y como figura en la Proposición no de Ley presentada por el GPP, y una vez que se hayan incorporado los dependientes moderados-, “para mejorar y fortalecer los pilares de la Dependencia” a fin de hacer evolucionar el sistema modificando, desde el consenso, los aspectos mejorables.