El Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno del PP saldó la deuda de 3.000 millones que algunas Autonomías y Ayuntamientos tenían con el Tercer Sector
La diputada del PP, Ana Belén Vázquez, aseguró hoy que “la Ley del Tercer Sector tiene como fin último regular, garantizar la estabilidad e impulsar la interlocución de estas entidades con el Estado”.
Durante el debate de esta iniciativa legislativa en el Pleno del Congreso, la diputada popular recordó que “la labor de las ONGs se ha producido sin un amparo normativo propio de ámbito estatal, por lo que estamos ante un texto inédito en la legislación española”.
Según explicó Ana Belén Vázquez, el objetivo de esta norma es “enumerar los principios que deben orientar el trabajo de las ONGs, promocionar la formación y readaptación profesional, fomentar la diversificación de las fuentes de financiación y adecuar los sistemas de financiación pública en el marco de la legislación de estabilidad presupuestaria”.
También, añadió que “define las medidas de fomento que los poderes públicos podrán adoptar en su beneficio y refuerza la capacidad de las entidades del Tercer Sector como interlocutores ante la administración General del Estado respecto de las políticas públicas sociales”.
Para ello, indicó que se confirman el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y la Comisión para el Diálogo Civil como elementos de encuentro, participación y diálogo entre ONGs y entre ellas y el Estado.
Además, la diputada del PP apuntó que la Ley prevé la aprobación, en un plazo de 12 meses, un programa de impulso de las entidades del Tercer Sector. “Entre las acciones a desarrollar –manifestó- se encuentran la promoción, difusión y formación del Tercer Sector de Acción Social, el apoyo a la cultura del voluntariado, la cooperación con los servicios públicos, la participación institucional y el acceso a la financiación a través de entidades de crédito oficial”.
Asimismo, destacó que “la Ley contiene las obligaciones de pago de las Comunidades Autónomas y entidades locales con el Tercer Sector”. De esta manera, se pretende evitar la acumulación de deudas con las ONGs como sucedió en la etapa del Gobierno del PSOE y que “el Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo que paliar con la Ley de Proveedores que afrontó los 3.000 millones de euros de deuda que tenían algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con organizaciones del Tercer Sector”.
RECONOCIMIENTO A VOLUNTARIOS Y TRABAJADORES DE ONGS
Por otro lado, Ana Belén Vázquez puso en valor el trabajo de las ONGs, de sus trabajadores y de los voluntarios. “El Tercer Sector aporta un indudable valor a la participación organizada de la ciudadanía bajo los valores de igualdad e inclusión social”, aseveró.
“El Tercer Sector de Acción Social siempre estuvo presente en nuestro país, pero en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante, habiéndose constituido como un actor destacado en la lucha contra las situaciones de mayor vulnerabilidad social”, destacó la diputada del PP, quien afirmó que “en España hay alrededor de 30.000 entidades sociales, cuya actividad representa casi un 2% del PIB y da empleo prácticamente a 636.000 personas”.
Por último, remarcó que “esta Ley no invade las competencias de las Comunidades Autónomas, ya que el texto limita el ámbito de aplicación de la Ley a la regulación de aquellas entidades que tengan ámbito estatal”.