Bermúdez de Castro afirma que con estas Leyes hemos abierto una etapa de intransigencia contra la corrupción

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, señaló hoy que con la Ley de control de la actividad económico y financiera de los partidos políticos y la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, hemos abierto una etapa de intransigencia contra la corrupción y se traslada un mensaje claro a los ciudadanos: "Les hemos escuchado, hemos reaccionado y en estos proyectos legislativos están nuestra respuesta y nuestra voluntad, nuestra respuesta desde el compromiso con la transparencia y ejemplaridad en el ejercicio de la actividad política y nuestra voluntad para que la corrupción desaparezca en el futuro de la lista de prioridades del Gobierno, porque entre todos hayamos conseguido que haya desaparecido, también, de la lista de preocupaciones de los españoles".

Así se expresó durante el debate de estos dos Proyectos de Ley que, recordó, "que forman parte del plan de regeneración y lucha contra la corrupción impulsado por el Gobierno, el plan más amplio, más ambicioso y más completo que nunca antes esta Cámara había debatido en favor de la mejora de la calidad de nuestra democracia, en respuesta a la desafección ciudadana y, de manera especial, en la lucha contra la corrupción política".

En estas Leyes, explicó el dirigente popular, "hay más de consenso que de disenso" aunque "en una posición inexplicable, algunos no la vayan a votar". "No puedo cambiar su estrategia y bien que lo lamento, como tampoco ninguno de nosotros podemos cambiar el pasado, pero lo que sí podemos hacer es cumplir con nuestra obligación y es legislar de cara al futuro para que determinados comportamientos que se hayan podido producir en el pasado no se vuelvan a reproducir nunca", manifestó.

En este sentido, Bermúdez de Castro subrayó que "regenerar la democracia no puede pasar ni por sustituir el sistema ni por romper los principios de nuestro Estado de Derecho" y que "fortalecer la democracia consiste en reformar lo que funciona, para que funcione mejor, en corregir sus defectos y desviaciones, en mejorar la calidad y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y eso es precisamente lo que hacemos con estas Leyes".

LEY DEL ALTO CARGO

En concreto, con la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la administración general del estado, se establecen los requisitos de idoneidad, de honorabilidad, de experiencia y de competencia profesional de quienes hayan sido llamados a ejercer un alto cargo en la Administración General del Estado.

Con esta Ley, "garantizamos que el ejercicio de esa actividad se realice con las máximas condiciones de transparencia, de control de legalidad y de publicidad en sus declaraciones, reforzando la oficina de conflicto de intereses y también las limitaciones de la denominada puerta giratoria", huyendo de criterios populistas.

"Las limitaciones en la vuelta a la actividad privada del alto cargo deben existir, pero entendemos que esa incompatibilidad debe quedar circunscrita a los dos años posteriores a su cese". "Rigor sí, señorías, pero también proporcionalidad", aseguró, para añadir a continuación que la Ley del alto cargo "va a aportar mucho a la calidad institucional y mucha transparencia a la realidad de nuestros altos cargos".

LEY DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS

En referencia a la Ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos, Bermúdez de Castro destacó que es "una ley de autoexigencia que responde a los principios de ejemplaridad, transparencia y austeridad, que son los que deben regir en el futuro la vida de los partidos".

Esos principios son los que inspiran medidas como la prohibición de las condonaciones de deuda a los partidos y de las donaciones de personas jurídicas, así como la limitación de donaciones de personas físicas a 50.000 euros. Además, la Ley también une la financiación de los partidos, a partir de ahora, a la evolución del gasto social en los Presupuestos Generales del Estado.

También incrementa los deberes de rendición de cuentas con la creación de la figura del responsable económico y financiero de los partidos y tipifica, de manera muy severa, las infracciones en las que puede incurrir un partido, que por su gravedad pueden alcanzar la calificación del nuevo tipo penal de financiación ilegal, recientemente incluido en la reforma del Código Penal.

Para el secretario general del GPP, es "una ley de autoexigencia, pero también de austeridad y ejemplaridad".

DIGNIFICAR LA POLÍTICA

Asimismo, Bermúdez de Castro subrayó que "fortalecer el sistema y dignificar la política sin duda pasa por despreciar y combatir a los corruptos pero también pasa por respetar los más elementales principios del Estado de Derecho". "Se corrompen las personas, no las siglas; si creemos en el Estado de Derecho, no extendamos nunca la responsabilidad más allá del que la tiene, del daño responden los culpables, nunca los inocentes", añadió.

"La responsabilidad de dar una respuesta contundente a este clima de desafección y desconfianza no es de la justicia, es fundamentalmente nuestra" y "con estas reformas, los comportamientos corruptos van a ser más difíciles, se van a descubrir con mayor rapidez, se van a castigar con mayor dureza y vamos a tener nuevos instrumentos para que los corruptos devuelvan lo que han robado, que es lo que también nos piden los ciudadanos", concluyó.