La reforma de la Ley hipotecaria y del Catastro garantiza a los ciudadanos una mejor defensa de sus bienes

El diputado del PP, Gonzalo Ordóñez, destacó hoy que "el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario garantiza a los ciudadanos una mejor defensa de sus bienes".

Además, añadió que "incentiva la mayor seguridad jurídica en la titularidad de los derechos de los ciudadanos, como es el acceso al Registro de la Propiedad".

Durante el debate de esta iniciativa legislativa en la Comisión de Justicia en el Congreso, el diputado popular explicó que "al constituir como elemento esencial de la inscripción la utilización de la cartografía y la certificación catastral, y dado el carácter gratuito de la información que provee el Catastro, este Proyecto abarata el proceso de descripción gráfica de las fincas".

"Se trata -subrayó- de la culminación de una larga y sentida aspiración ciudadana; la coordinación y la identificación entre el contenido del Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad".

De esta manera, apuntó que "se van a mejorar la posición y seguridad jurídica de los derechos que los ciudadanos tengan inscritos". En este sentido, remarcó que "la gráfica de una misma finca será idéntica en el Registro de la Propiedad y el Catastro y una vez establecida esa armonía no se podrá realizar la rectificación de una finca de forma unilateral por parte del Catastro".

Respecto a las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, Gonzalo Ordóñez indicó que éstas atribuyen a esta reforma un carácter privatizador y que ataca los derechos de los ciudadanos; lo que es absolutamente incierto". El registro de la propiedad y el catastro son órganos de la Administración Pública y por lo tanto con funcionarios al servicio público.

Además, añadió que las enmiendas del PSOE, Amaiur e Izquierda Plural sobre la inmatriculación de Bienes Inmuebles de la Iglesia "no pueden ser aceptadas porque supondría la aplicación retroactiva de normas restrictivas de derechos individuales".

Por último, señaló que "lo que propone la oposición, al exigir determinados informes técnicos, es encarecer, y por lo tanto dificultar al ciudadano, la inscripción registral de sus bienes sin que ese encarecimiento conlleve mayor seguridad".