El PP pide aparcar el debate partidista y aboga por un "verdadero" pacto de Estado contra la violencia de género

La portavoz de Igualdad del Grupo Popular en el Congreso, Marta González, abogó hoy por un "verdadero" pacto de Estado contra la violencia de género y por aparcar el debate partidista en esta cuestión, censurando "la continua actitud de intransigencia" del PSOE que, este martes, ha impedido "una vez más" que el Pleno del Congreso llegase a un acuerdo para condenar de manera rotunda la violencia contra las mujeres.

En su intervención durante la Moción debatida este martes en el hemiciclo sobre las medidas del Gobierno contra la violencia de género, la parlamentaria popular inició su alocución condenando los tres últimos episodios de violencia de género y manifestó que la redacción de la interpelación -de la que es consecuencia la Moción debatida hoy- "es una demostración de que, una vez más, no somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias para mostrar, todos a una, que la lucha contra la violencia de género y la seguridad de las mujeres de este país tiene que ser una verdadera política de Estado".

"Una política en la que las frías cifras no sean arrojadas de manera cruel y despiadada en el debate partidista -continuó Marta González-; una política que promueva y lleve a cabo acciones responsables y coordinadas con la participación de todos, es decir, un verdadero pacto de Estado, aquel que debió continuar sin fisuras desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral, pero que se ha visto una y otra vez puesto a prueba y relegado en estos años".

La parlamentaria popular negó las acusaciones del PSOE sobre la tendencia al alza de la violencia de género, subrayando que "las cifras de víctimas mortales han ido bajando en estos dos años pasados y esperamos que este año que termina esta tendencia se mantenga". "Pero ese hecho -enfatizó-, no debe desviarnos del objetivo último, que es continuar trabajando para erradicar de una vez por todas este gravísimo problema de nuestra sociedad, pues el Gobierno nunca va a usar políticamente a las víctimas".

También desmintió el postulado socialista de reducción de las partidas presupuestarias para combatir este grave problema, pues "no existe una relación causa-efecto entre el presupuesto destinado a estas políticas y el número de víctimas, como claramente lo indican las cifras de estos diez años pasados".

Pero es que además, añadió, "en 2011 el presupuesto destinado a programas realizados desde las comunidades para la atención integral a las víctimas fue de cinco millones y, en 2015, volverá a ser de 5 millones". Y las partidas destinadas a las campañas de prevención y sensibilización social desde el Gobierno pasarán de 1,6 millones a 4,76 y, tampoco hay que olvidar -dijo-, "que las competencias en materia social están transferidas, por lo que es a las comunidades a las que corresponde la atención social integral de las víctimas establecida en la Ley Orgánica".

La portavoz popular de Igualdad también puso en valor las medidas que viene adoptando el Gobierno de Rajoy para erradicar este problema a través de la reforma del Código Penal y con el Estatuto de la Víctima. De la reforma del Código Penal, resaltó las modificaciones legislativas por las que "se considera un agravante que el maltrato se produzca delante de los menores, que se extienda la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de género y se incorporen nuevos delitos vinculados a las nuevas formas que la violencia de género presente entre la gente más joven, como el ciberacoso, el hostigamiento o el acecho".

Y del Estatuto de la Víctima destacó aspectos "como la notificación a la víctima de violencia de género de las resoluciones judiciales que puedan incidir en su seguridad, incorporando también antiguas demandas de las asociaciones de mujeres, como que las víctimas presten declaración en dependencias especialmente concebidas para esta función; que reciba también la declaración la misma persona en cada caso y que ésta sea del mismo sexo; que estén asesoradas por un letrado durante la interposición de la denuncia; que la vista oral pueda realizarse sin público; que se evite el contacto visual con el agresor o que se eviten preguntas relacionadas con su vida privada que no se consideren imprescindibles".

De igual modo, puso en valor "otra antigua demanda, esta vez de las comunidades autónomas, a la que siempre se negó el Gobierno socialista desde 2005 a 2011 y que está comenzando a materializarse", como es la integración de los puntos de coordinación de las órdenes de protección de las diferentes comunidades autónomas en el sistema VIOGEN de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conectar la información y evaluación policial (y de valoración del riesgo), la situación judicial y los aspectos sociales.

En última instancia quiso poner de manifiesto que la Moción del PSOE "podría llevar a la interesada y errónea creencia de que el Gobierno del PP no ha avanzado en materia de violencia de género y que este se ha mantenido estático, recortando sistemáticamente presupuestos y derechos", pero "nada más lejos de la realidad".

"Si presentamos una enmienda a esta Moción, increíblemente generosa en sus propuestas, asumiendo no sólo el contenido de la gran mayoría de las demandas del Grupo Socialista en su Moción, sino incluso su redacción áspera y poco acorde con la realidad, es para demostrar bien a las claras que, por encima de todo, incluso de la concreción de la verdad sobre la actuación del Gobierno, están las mujeres, que son quienes realmente importan", concluyó.