El terrorismo ejercido por el autodenominado "Estado Islámico de Irak y de Levante" (ISIL en sus siglas inglesas) caracterizado por una dureza y brutalidad extrema y uso generalizado de torturas, asesinatos y violaciones como forma de lucha, supone un atentado contra los Derechos Humanos y una gravísima amenaza.
Esto es, por la profunda desestabilización que ha causado en Irak y Siria y en toda la zona de Oriente Medio; por dirigir su amenaza contra todos los países democráticos; por el riesgo añadido que supone que entre sus miembros sean numerosos los ciudadanos de países occidentales, que podrían actuar, a su regreso, en sus países de origen, y por la seria preocupación mundial ante la expansión del terrorismo especialmente sectario y cruel que promueve ISIL en un arco de inestabilidad que se extiende desde Oriente Medio al Norte de África.
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La amenaza es una amenaza a toda la comunidad internacional y es especialmente importante para España. Nuestro país sufrió el impacto del terrorismo yihaidista en los acontecimientos que el 11 de marzo de 2004 constaron la vida a 192 personas. "España es la frontera sur de Europa, es la frontera norte con África, y cualquier movimiento de desestabilización que pueda tener un efecto contagio en el norte de África es especialmente significativo para nosotros" apuntó en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación, el ministro del área, José Manuel García-Margallo, quien anunció que " España está considerando la posibilidad de modificar el Código Penal y calificar como delito, como acciones terroristas la participación en conflictos con el extranjero".
Desde que el pasado 26 de agosto se produjera el alto el fuego en la zona de Gaza la comunidad internacional no ha cesado en buscar soluciones a un conflicto que durante seis semanas ha dejado 2.100 palestinos muertos y 70 israelíes que también han perdido su vida, 238.000 desplazados y una estimación de daños sufridos en las infraestructuras de la Franja que superan los 4.000 millones de euros. Un alto el fuego que incluía los siguientes puntos: el cese de hostilidades; el aumento de la zona de pesca para los pescadores palestinos de las ejecuciones selectivas de líderes de Hamás; la disminución de la zona de seguridad fronteriza para permitir a los agricultores cultivar sus tierras; la apertura de los pasos fronterizos y el compromiso de reinicio de las negociaciones.
La posición de la Unión Europea en los distintos consejos de Exteriores y consejos europeos se resumiría muy brevemente en tres puntos: la disponibilidad de la UE de hacer cuanto sea necesario para contribuir a que el alto el fuego sea duradero, el dese de que las negociaciones posteriores al alto el fuego no supongan un simple regreso a la situación anterior al conflicto y que el Gobierno de consenso, el Gobierno de unidad nacional tome el control de la Franja de Gaza.
En relación con Gaza, la posición del Gobierno es bien clara: hay que poner Gaza bajo control de un Gobierno dirigido por la Autoridad Nacional Palestina, bajo el liderazgo del presidente Mahmoud Abbas. Hay que poner fin al bloqueo de la Franja, con la debida consideración a las legítimas preocupaciones de Israel en materia de seguridad. Se trata de tener que dejar de condenar las violaciones a los Derechos Humanos porque eso significaría que hemos cambiado la guerra por el diálogo y las personas más vulnerables en conflictos podrán volver a disfrutar de sus derechos en un clima de paz y concordia.
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