EL Grupo Parlamentario Popular presenta una Iniciativa a favor de la abolición universal de la Pena de Muerte

En junio de 2013, Madrid fue el escenario del V Congreso Mundial contra la pena de muerte que contó con el apoyo y el patrocinio del Gobierno de España, Noruega, Francia y Suiza. Un encuentro que puso de manifiesto la realidad a nivel mundial de las ejecuciones que se están llevando a cabo en diferentes países, en muchos casos ligadas a delitos comunes. Los datos que se pusieron sobre la mesa son escalofriantes: en el año 2012, 682 personas fueron ejecutadas en 21 países, excluyendo China, país del que no se dispone de datos oficiales publicados y más del 90% de las ejecuciones se concentraron en tan solo 8 países. A pesar de la tendencia mundial hacia la abolición, todavía son muchos los países que continúan con esta práctica a ritmos muy preocupantes. 

Uriarte defendió que España y la UE consideran que la pena de muerte constituye una seria violación de los Derechos Humanos y ataca directamente la defensa de la dignidad humana, que se ampara en el resto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional que se desprenda de dicha Declaración.

España, ejemplo de compromiso contra esta lacra social

La Constitución Española de 1978 en su artículo 15 establece que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. Después de un análisis detallado del contenido de este artículo, años más tarde, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de forma que abolía también la Pena de Muerte en tiempos de guerra. Esto supuso la desaparición total y absoluta de la Pena de Muerte del ordenamiento jurídico español.

Tal y como expuso Ignacio Uriarte en su defensa ante la Comisión, España ha demostrado siempre tener un papel activo y comprometido contra esta lacra, que tiene para la política exterior española  en materia de Derechos Humanos un carácter prioritario, y es considerado como “un castigo cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad del ser humano, sin efectos probados en la prevención del crimen, y con resultados irreparables en caso de error judicial”. Prueba de ello ha sido la creación en 2010 a iniciativa española, de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, compuesta por personas de reconocido prestigio internacional y el respaldo y asesoramiento de países de todo el mundo: Argelia, Argentina, España, Filipinas, Francia, Italia, Kazakistán, México, Noruega, Mongolia, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y Turquía. A través de este organismo, se contribuye a promover y respaldar las acciones encaminadas a abolir la Pena de Muerte en el mundo.

Finalmente, la iniciativa presentada por el GPP y aprobada a través de una transaccional propuesta por CIU, apuesta por la alianza con la Unión Europea para lograr que otros países  avancen en la abolición hacia la consecución de la pena de muerte como una realidad prohibida en el ordenamiento jurídico internacional. Hace también una mención expresa al Gobierno a prestar especial atención a la quinta resolución sobre moratoria universal de la pena de muerte, que se negociará este año, 2014, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Resoluciones de este tipo y en este ámbito, constituyen el pilar fundamental de esta lucha. 

En el tercer punto de esta iniciativa se solicita al Gobierno que dé difusión a los resultados del V Congreso Mundial sobre la Pena de Muerte e implicar a todos los poderes públicos institucionales de España en esa lucha con vistas a una mayor coherencia de políticas.