La reforma de las Administraciones evitará duplicidades y mejorará la cantidad y calidad de los servicios públicos

La portavoz adjunta del Grupo Popular en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, María Eugenia Romero, aseguró hoy que "la reforma de las Administraciones servirá para que se mejore la calidad y la cantidad de los servicios públicos que las Administraciones prestan a los ciudadanos".

Así, señaló que esta norma conseguirá que "la administración en España sea tan dinámica, eficaz y actual como la propia sociedad a la que sirve". "Antes de la reforma, un Expediente de Regulación Ambiental tardaba tres años y medio y ahora, sólo cuatro meses", añadió.

Durante el debate del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa para su aprobación con competencia legislativa plena en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, la diputada popular indicó que el texto "evitará duplicidades administrativas y solapamiento de actuaciones sin incrementar la carga burocrática a los ciudadanos".

"Esto –explicó María Eugenia Romero- supondrá un ahorro de 37.620 millones de euros durante los cuatros años de la legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy".

Asimismo, la portavoz popular subrayó que "la reforma de la Administración es un proceso dinámico y continuado en el que está implicado todo el Gobierno", por lo que remarcó que "no se puede hacer una reforma en una sola ley".

En este sentido, recordó que ya se han adoptado otras medidas en la materia como la reforma de la Administración Local, la creación de la Administración Electrónica, el Plan de Pago a Proveedores para erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas que estaba llevando al paro a muchos trabajadores, y la reducción del número de Ministerios como de Direcciones Generales cuando el PP llegó a la Moncloa, así como de 80 sociedades mercantiles y 154 consejeros que nos costaba más de un millón de euros.

Respecto a las enmiendas introducidas por el GPP a este Proyecto, la diputada destacó "la obligación de que los nuevos edificios públicos tengan el certificado de eficiencia energética y el apoyo a la movilidad geográfica de los funcionarios".

Por otro lado, criticó que "el Gobierno socialista en Andalucía reorganizó el sector público autonómico por decreto, conocido por los funcionarios andaluces como el decretazo del enchufismo, y al año siguiente tuvieron que hacer otra ley".

"Tampoco estuvieron muy pendientes de los temas sociales", acusó al PSOE María Eugenia, quien subrayó que "de 19 artículos del texto andaluz sólo dos de ellos se refieren a los Asuntos Sociales".

Por último, reprochó a los socialistas que "no presentasen textos alternativos en sus enmiendas".