El Senado ha aprobado hoy, por 158 votos a favor y 69 abstenciones, una moción presentada por el GPP en la que se insta al Gobierno a estudiar en profundidad las reformas legislativas que hubiera que introducir con el fin de resolver el problema que plantea la cuestión del legado de los bienes digitales.
El senador por Valencia, José María Chiquillo, ha argumentado la necesidad “inaplazable de abordar con rigor este asunto”, que no ha dudado de calificar como “complejo”, para “facilitar las cosas a los ciudadanos” y cubrir el “vacío legal” existente sobre todo lo que concierte a los derechos digitales sobre patrimonio digital.
Chiquillo ha insistido en la necesidad de elaborar un informe técnico, avalado por especialistas en la materia, que permita realizar una “regulación razonable” y llevar a cabo las modificaciones legislativas en la normativa sucesoria que evite la futura generación de conflictos. Puesto que no existe una legislación sucesoria específica para resolver el legado de los bienes digitales, la falta de adaptación de nuestra legislación podría colapsar la justicia con asuntos legales digitales en unos cuantos años.
Ha recalcado asimismo que esta cuestión es un “reto jurídico, de los muchos que plantean las nuevas tecnologías”, puesto que “su regulación no es un tema doméstico pese a que se refiere a cuestiones íntimas”, dado que afecta a varios ministerios (Justicia, Industria, Cultura y Hacienda) y muchas de las empresas que ofrecen este tipo de servicios digitales ni siquiera tienen su sede en España y el uso de este tipo de herramientas digitales son “de uso personal e intransferible”.
En este sentido, el senador valenciano ha insistido en lo “novedoso, complejo y de no fácil solución” que tiene este asunto por su “complejidad técnica” y la amplitud del denominado patrimonio digital, ya que abarca desde cuentas de correos electrónicos, perfiles en redes sociales, libros, música, películas y fotografía hasta la actividad bancaria en red. Un patrimonio digital que, en ocasiones, según ha matizado, supera en valor económico los “bienes analógicos”. Al fin y al cabo, por ejemplo, en 2012 el gasto mundial en entretenimiento digital ascendió a 200.000 millones de euros.
Las medidas a adoptar, entre otros aspectos, deberán centrase en establecer mecanismos de seguridad jurídica preventiva para aquellos casos en los que, por ejemplo, no haya sucesor formalmente designado.
El objetivo, en definitiva, según ha recalcado José María Chiquillo, “es establecer un marco jurídico para que se tomen precauciones que eviten problemas por culpa del vacío legal existente sobre este tema”.
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