La mayor cobertura de asistencia sanitaria y de salud pública de los irregulares de toda la UE es España

Además, en su intervención en el Pleno del Congreso para fijar la posición del GPP respecto a una Proposición de Ley del PSOE sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, Rubén Moreno se mostró de acuerdo con la universalización de la asistencia sanitaria, que ya se ha conseguido, al tiempo que advirtió que “la fórmula planteada por la iniciativa socialista, no se puede llevar a cabo sin poner al sistema en un grave problema de insolvencia”.

Así, recordó que el Gobierno hizo el Real Decreto 16/2012 en el que estableció quién tiene derecho a la cobertura, que son todos, tanto los vinculados a la Seguridad Social e incluyéndose ahí los parados de larga duración que habían perdido el derecho al subsidio en 1992, como el resto de ciudadanos que residen legalmente en este país, aunque no estén vinculados a la Seguridad Social, salvo que tengan rentas mayores de cien mil euros”.

“Esos son –dijo- unos cuarenta mil ciudadanos españoles y extranjeros que son residentes no vinculados a la Seguridad Social, pero con recursos importantes, que antes pagaban por acto médico y que ahora, a través de un convenio, tienen la igualdad de derecho con todos los demás”.

LÍMITE DE CIEN MIL EUROS

Moreno explicó que el límite de los cien mil euros se hizo “primero, para incluir a la mayoría de los españoles y segundo, por otra razón muy importante, y es que estamos en la Unión Europea y no podemos hacer distinción de nacionalidad en la UE”.

En este sentido, aclaró que la única forma de exigir al resto de ciudadanos europeos los datos de renta, su situación laboral o de pensionista en sus países de origen, es fijando una cantidad suficientemente alta que pueda incluir a casi todos los españoles, pero que nos permita exigir al resto de europeos el estado de su situación de aseguramiento en sus países, porque no se puede hacer distinción por nacionalidad en la Unión Europea. De lo contrario, España tendría que asumir el coste de su asistencia, que es lo que ocurre cuando el criterio es el empadronamiento. Los impuestos de los españoles no pueden soportar ese criterio de cobertura asistencial sin límites para todos los europeos en España.

Además, el portavoz del GPP señaló que “la definición de asegurado no es casual, sino que viene a resolver un problema con el que el Gobierno de Rajoy se encontró en 2011”.

En este sentido, recordó que ese problema se llama “procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra el reino de España” derivado del reconocimiento del derecho por empadronamiento, y que el mismo aún “no está cerrado, lo que supondría, de ser condenados, la paralización inmediata de todos los fondos europeos, multa millonaria cada día que pase y, desde luego, asumir las tesis del Dictamen, es decir, reconocer el derecho a todos los europeos que vengan a España”. “A ver quién asume eso”, subrayó.

Rubén Moreno explicó que ese procedimiento de infracción se puso precisamente, porque en nuestro país “había ciudadanos comunitarios que habían conseguido la condición de asegurado vía empadronamiento, y después pretendían no solamente ser tratados aquí sin que pagara nadie por ello, sino además exportar ese derecho al resto de la UE, pagando España”. “El Gobierno socialista entonces se opuso a eso y la consecuencia fue la apertura de un procedimiento contra España”, añadió.

EL SISTEMA, CONTRA LAS CUERDAS

Así, el portavoz del GPP aseguró que “no se puede adquirir la condición de asegurado en nuestro país vía empadronamiento salvo que pongamos al sistema contra las cuerdas”, por lo que “necesitábamos un modelo distinto que pudiera cubrir a todos los españoles pero al mismo tiempo permitiera exigir al resto de europeos, que los responsables de su aseguramiento se hicieran cargo del coste de su asistencia sanitaria en España”.

En este sentido, explicó que el Real Decreto 16/2012 dejaba un resquicio, que aprovecharon ciudadanos europeos que habían trabajado en España y quedaron en paro y sin subsidio. El Real Decreto Ley les permitía volver a sus países de origen, y ser tratados allí, con farmacia gratuita, durante el resto de su vida, y todo a cargo de los impuestos de los españoles. Por eso hubo que exigir la residencia en España para tener ese derecho. “Y respecto al límite de 90 días, afirmó- nadie pierde la tarjeta sanitaria por salir más de 90 días”.

Por último, Moreno se mostró igualmente de acuerdo en que a los inmigrantes irregulares se les trate, sin ningún género de dudas. “Lo que pasa –aseguró- es que hay que hacerlo a través de políticas sociales y el Defensor del Pueblo ya reconoce que se está haciendo en Comunidades Autónomas, y habrá que seguir haciéndolo”.