Compromiso con las víctimas del terrorismo

Ante este nuevo escenario, sin duda muy doloroso e indignante, los ciudadanos nos encontrábamos ante una nueva paradoja: ver como aquellos que durante tantos años han intentado dañar de la manera más cruel y vil nuestra democracia, eran y son los mismos que ahora pretenden beneficiarse de ella.

Por este motivo, el pasado mes de diciembre, se aprobó en el Congreso de los Diputados unas iniciativas con este fin, evitar la percepción de desempleo por excarcelación y otras prestaciones de carácter público por parte de terroristas que no han mostrado arrepentimiento ni colaborado con la justicia.

La Ley de Seguridad Social del año 1994 reconoce en el artículo 215.1.d) el derecho a percibir el subsidio de desempleo a quienes hayan sido excarcelados y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses y carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Estos beneficios se conceden también a los excarcelados que fueron condenados por terrorismo y no han mostrado arrepentimiento, voluntad de reinserción o de colaboración con la Justicia. A través de esta iniciativa se insta al Gobierno a proceder a las modificaciones legales pertinentes, como la definición de nuevos requisitos para la percepción del subsidio de excarcelación con el fin de evitar el aprovechamiento indebido de nuestro Estado de Derecho por parte de aquellos que nunca han respetado y continúan sin hacerlo, las reglas de nuestra Democracia.

Recientemente, el Gobierno también ha anunciado su intención de modificar la LOREG, con el objetivo de evitar que en las próximas elecciones municipales puedan ser elegidos concejales y alcaldes los terroristas no arrepentidos con el fin de garantizar ejemplaridad de nuestras Instituciones y evitar el aprovechamiento indebido de las mismas por por parte de quienes, a pesar de estar en libertad, siguen estando en posesión de la condición por la que entraron a prisión: ser terroristas.

Y esta es y ha sido la forma de trabajar del Partido Popular. Desde el año 1986, ha impulsado grandes reformas en la legislación penal y penitenciaria en la lucha antiterrorista entre las que cabe recordar: promovió la primera Ley de víctimas del Terrorismo, la Ley de Partidos Políticos que conllevó la ilegalización de Herri Batasuna, impulsó el cumplimiento efectivo de las penas y elevó de 30 a 40 años el límite máximo para los condenados por terrorismo.

Actualmente se trabaja en la reforma del Código Penal, donde se incorporará la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad.

En definitiva, modificaciones legales encaminadas a preservar la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo y de todos los demócratas frente a la impunidad que ahora pretenden imponernos quienes han causado tanto dolor y tanto sufrimiento. ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho, sabe que el único horizonte a la vista es su disolución y la entrega de armas, nada le debemos y nada le daremos.

El Gobierno y el Partido Popular están comprometidos con las víctimas del terrorismo, con su memoria y con su dignidad y este compromiso se concreta en que las víctimas pueden tener la seguridad que quienes han causado tanto horror y tanto sufrimiento en nuestra sociedad nunca puedan escribir un final basado en mentiras, ambigüedades o falsas guerras. Sin duda, el final lo escribiremos los demócratas con tinta de memoria, dignidad y justicia.