La portavoz de Hacienda del GPP vincula el pago obligado de facturas a proveedores en 30 días al crecimiento y la creación de empleo.
La portavoz de Hacienda del GPP, Ana Madrazo, criticó hoy que el PSOE se oponga al Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, ya que esta Ley erradicará las facturas impagadas y sin contabilizar.
En su intervención en el Pleno, la diputada popular señaló hoy que el Proyecto de Ley de control de la deuda comercial en el sector público que obliga a las Administraciones Públicas a pagar en un plazo máximo de 30 días a los proveedores tendrá una repercusión directa en el crecimiento económico y la creación de empleo, además de hacer hincapié en que "permitirá acabar con las facturas escondidas y las que no están contabilizadas, que es el colmo del poco rigor en la gestión del dinero público".
En este sentido, la portavoz del PP ensalzó el "cambio radical" que el Gobierno de Mariano Rajoy está promoviendo con sus reformas en las Administraciones Públicas para "hacerlas más transparentes, más abiertas a la información, más dispuestas a rendir cuentas a los ciudadanos y más rigurosas a la hora de que estos ciudadanos exijan cuentas a sus gestores".
En este contexto, Madrazo hizo énfasis en que el principal factor actual de desigualdad es el paro y señaló que en esa tarea es crucial "que nuestras AA.PP. ayuden a las empresas y a los autónomos pagando, en primer lugar, las facturas que se les debe", por lo que mostró su sorpresa ante el hecho de que el PSOE vote negativamente en el Congreso una norma que pretende contribuir a solucionar el problema del paro y siga instalado en "la demagogia y la incoherencia" con sus enmiendas.
Para Madrazo, "la izquierda política no cree en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de las administraciones como instrumento para alcanzar el crecimiento, la creación de empleo y garantizar los servicios básicos", elementos todos ellos a los que contribuye esta norma, que "avanza en ese objetivo irrenunciable de controlar no sólo la deuda financiera sino también la comercial" dotándose para ello de los mecanismos adecuados, puesto que las AA.PP. son "pilares fundamentales para alcanzar el crecimiento y la creación de empleo".
Según explicó, las Administraciones Públicas "no pueden vivir permanentemente a crédito y esto, que parecen entenderlo las familias, que ajustan los gastos a los ingresos, hay muchos que aún no lo han entendido siendo lecciones de economía doméstica básica".
Entre los que no parecen entenderlo se encuentran los socialistas, pues nada más aterrizar Mariano Rajoy en La Moncloa se topó con un "déficit desbocado, con más de 5 millones de parados y con un legado de más de 890.000 millones de deuda". "Más de 890.000 millones fue el legado que recibió el PP, y no es coherente venir aquí a hablar de garantizar el Estado de bienestar para luego no pagar esos servicios, que es lo que hacía el PSOE", detalló.
Ante este escenario, contó Madrazo, el Gobierno del PP "cogió el toro por los cuernos evitando la quiebra de los servicios fundamentales y puso en marcha mecanismos extraordinarios de liquidez por valor de más de 75.000 millones en mecanismos de liquidez a través del Plan de Pago a Proveedores y del Fondo de Liquidez destinados a garantizar que colegios, hospitales, dependientes y mayores puedan recibir los servicios públicos fundamentales".
Entre los nuevos elementos que recoge esta norma, la diputada popular subrayó que "introduce una reivindicación largamente demandada por los ayuntamientos para que aquellos con superávit, porque han gestionado bien los recursos públicos, puedan destinar ese superávit a financiar inversiones que sean sostenibles, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos", confiando además en que en el trámite del Senado se llegue a un punto de encuentro a este respecto.