El portavoz de Energía del Grupo Popular, Antonio Erias, subrayó hoy la labor del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para solventar la situación generada por la plataforma Castor, destacando que "es el primer ministro de Industria que en estas circunstancias se planta en el lugar, dialoga con los afectados, los recibe en el Ministerio si es necesario, y les dedica todo el tiempo preciso para que estos problemas se solventen".
Durante la comparecencia del ministro Soria en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para hablar del proyecto Castor, Erias destacó que el Gobierno “lo que está haciendo es actuar con responsabilidad, se presenta donde tiene que hacerlo, se reúne con los afectados y da explicaciones para no generar más confusión”.
En este sentido, criticó a los grupos de la oposición, por intentar culpar al Gobierno de la situación sin escuchar las explicaciones del Ejecutivo. Por ello, les instó a “recurrir a las fuentes” como pueden ser las hemerotecas o el Diario de Sesiones, o directamente escuchar las explicaciones que dan los miembros del Gobierno en el Pleno. “Si se hacen oídos sordos y resulta que no se atiende, ni se lee lo que dicen los Diarios de Sesiones, difícilmente podemos coordinarnos y ponernos de acuerdo; es muy difícil unificar el conocimiento cuando algunos no quieren disponer del mismo y quieren ser sordos”, añadió.
Asimismo, Erias recordó que Castor “era una instalación necesaria, que estaba en la planificación” y preguntó “en qué momento procedimental alguna de las fuerzas políticas que hoy han intervenido han hecho alegaciones a esa planificación”.
“En el mundo hay 650 almacenamientos”, explicó, “y en España tenemos tres en funcionamiento, para garantizar la seguridad de suministro de gas ante circunstancias extraordinarias; en Europa se considera que son 92 días, nosotros tenemos escasamente garantizados cincuenta días, y resulta que Castor garantizaba cincuenta días más”. Todo ello permitiría por un lado, atender la demanda de gas ante cualquier imprevisto y por otro, garantizar un precio competitivo aunque España tiene una gran fortaleza en ese aspecto, al contar con siete regasificadoras, aseguró.
El portavoz popular también señaló que la instalación se acogía a la normativa vigente y todos los informes se ajustaban. “Incluso hay un documento de la secretaría de cambio climático que autoriza la conexión entre la plataforma y las instalaciones en tierra diciendo que no es necesaria la evaluación ambiental”, afirmó.
“Se va a desarrollar un análisis coste-beneficio”, continuó, “y eso nos dirá cuál es la situación en que está esta actividad, pero hay que reconocer que hay una sobrecapacidad en nuestro sistema gasístico, igual que lo hay en el sistema eléctrico, y no reconocer eso, no reconocer que hay que dar solución cuando uno no se ha responsabilizado de tomar esas decisiones me parece un poco irresponsable”.