El portavoz adjunto en materia de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Collarte, señaló hoy que el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental tendrá efectos económicos positivos sobre la economía española y que "tanta falta nos hace".
En su intervención en el debate de totalidad de la norma en el Pleno del Congreso, Collarte rechazó las enmiendas de totalidad presentadas por aquellos que “quieren convertirnos en una pandilla de desalmados que solo pretendemos destrozar el maravilloso país en el que vivíamos gracias a ustedes -dijo en alusión al PSOE- y que además quieran hacernos pasar por depredadores medioambientales que vamos a consentir cuantos desmadres se les ocurra a ricos y poderosos para arrasar el medio ambiente en un intento de crear un poquito de riqueza y empleo”.
El diputado popular censuró la única propuesta de “seguir acumulando expedientes y teniendo actuaciones” que plantean quienes rechazan esta norma, en lugar “de generar un documento -como consigue el texto del Gobierno-, que permita con la mayor rapidez y las mayores garantías posibles que aquellos que tienen la intención de invertir y generar riqueza puedan hacerlo”.
Collarte se opuso a las críticas de “precipitación” de la norma pues, como explicó, se trata del séptimo borrador, con lo que el texto “no ha surgido de la noche a la mañana”, y además anunció que su grupo solicitará la ampliación del plazo de presentación de enmiendas hasta el día 15 a fin de que haya “tiempo suficiente” para que “entre todos seamos capaces de mejorar este proyecto tan importante”.
El parlamentario popular negó que el texto del Gobierno vaya a acarrear dificultades de adaptación respecto de la directiva europea que vaya a aprobarse o que vaya a invadir las competencias de las comunidades autónomas, pues su mecanismo “es sencillo”, a la vez que censuró que esté recibiendo críticas por “ser reglamentista y ser una coladera, cuando no es posible que sea las dos cosas a la vez”.
En última instancia, Collarte recordó que la norma del Ejecutivo pretende “agilizar y simplificar trámites y tiempos”, y que en ningún caso busca autorizar o dar vía libre al fracking.