Justicia amplía los servicios digitales a personas físicas y jurídicas desde este 1 de enero de 2017.

A partir del 1 de enero de 2017, las personas físicas podrán elegir la Sede Judicial Electrónica para comunicarse con la Administración de Justicia en aquellos procedimientos que no requieran abogado, procurador o graduado social, como la reclamación de deudas a través del proceso monitorio.

Hoja de Ruta del Gobierno para la XII Legislatura

Una justicia más ágil

Además de la reforma del proceso penal, otra de las actuaciones que aportarían agilidad al servicio público de Justicia sería la revisión del proceso civil, desde la  mejora en la ejecución de las sentencias, en el trámite de notificaciones, emplazamientos y suspensiones o facilitando el ejercicio de la acción colectiva que podría concentrarse en un único proceso para que varios perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos.

La reducción de la litigiosidad es otro de los objetivos ineludibles, por lo que el Gobierno apuesta decididamente por la mediación y el arbitraje como mecanismos complementarios y alternativos a la acción de la Justicia, ya que aportan agilidad, especialización y flexibilidad a las partes para buscar soluciones. 

Una Justicia más dotada y mejor organizada

Durante los dos últimos años se han destinado 195 millones de euros a la modernización tecnológica de la Justicia y a la mejora de sus infraestructuras y equipamientos, de 2013 a 2015 se han convocado 150 plazas de jueces y 100 de fiscales, en los últimos cuatro años se han incorporado 521 nuevos jueces y se han atendido todas las solicitudes de refuerzos presentadas por los órganos judiciales cuando se trata de delitos relacionados con la corrupción.

El Gobierno se ha comprometido a impulsar la convocatoria de nuevas plazas judiciales a través de la oferta de empleo público y a crear nuevos órganos judiciales donde sea necesario. Desde la defensa de una Justicia cercana y de proximidad, apostamos por un modelo de gestión mejor organizado y por la implantación de una Oficina Judicial y Fiscal moderna, dotada y digitalizada.

Transformación Digital de la Justicia

La implantación de la  Justicia digital es ya imparable.

En la primera mitad de la legislatura todos los juzgados y fiscalías del territorio Ministerio serán digitales, incluidos los partidos judiciales pequeños, el Tribunal Supremo y la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional. Asimismo, se ha asumido el reto de implicar en esta estrategia a las comunidades autónomas con competencias transferidas y el de promover la construcción de un sistema de gestión procesal común a toda la Administración de Justicia para lo que se precisa un gran acuerdo político entre las distintas administraciones. 

El impulso de la Justicia 24 horas a través de nuevos servicios supondrá que en enero de 2017 los ciudadanos puedan presentar sus escritos y recibir notificaciones online en la sede judicial del Ministerio y a lo largo del año se ponga en marcha el punto general de acceso para el ciudadano.

En relación al Registro Civil, se propone culminar en esta legislatura la reforma prevista en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Una Justicia que cree en sus profesionales

El Gobierno manifiesta su disposición a impulsar una batería de medidas destinadas a promover una carrera judicial y fiscal profesionalizada y especializada, dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto que sustituya al de 1981, apoyar el trabajo de los letrados de la Administración de Justicia y del personal auxiliar, apoyar la ciencia legal que practica el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, fortalecer nuestro sistema de fe pública (notarios y registradores), mejorar las condiciones de trabajo de procuradores y graduados sociales, revisar el modelo de acceso actual a la abogacía y redoblar esfuerzos para garantizar una asistencia jurídica gratuita eficiente, real y cualificada.

Una Justicia pensada e impartida para las personas

En materia de protección de los colectivos más vulnerables, se propone ampliarla y cualificarla para perfeccionar el modelo de lucha contra la violencia de género y el de protección de los menores, que se completaría con una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, lo que convertiría a España en referente mundial en la protección de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia.

El Gobierno se ha comprometido a revisar el sistema de tasas judiciales para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional y promover una Justicia más accesible y ajustada a la realidad social. Esta revisión apunta a la exención de otros colectivos potencialmente beneficiarios como pymes, entidades sin ánimo de lucro o comunidades de propietarios.

También se considera necesario aprobar un nuevo Código de Comercio que permita cambiar normas obsoletas, superar la dispersión normativa, mejorar la coordinación y consistencia entre normas civiles, mercantiles y de protección de los consumidores.

Una Justicia fuerte en su independencia e implacable contra la corrupción

Se proponen medidas como la revisión del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial mediante un nuevo modelo que goce del consenso entre los jueces, sus asociaciones y los grupos políticos. También apunta a la revisión del sistema de nombramientos de altos cargos judiciales para por un lado, suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan a magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y por otro, reducir al límite la discrecionalidad en el sistema de nombramientos.

Se propone regular las denominadas puertas giratorias entre la Justicia y la política a través de una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y revisar la acusación popular de manera "que sea lo que de verdad quiere la Constitución y no un instrumento al servicio de la política ni de espurios objetivos no judiciales".

En relación a la lucha contra la corrupción, se proponen como medidas prioritarias, limitar los aforamientos a los aproximadamente 2.000 cargos políticos que hoy tienen esa condición, articular por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción, regular la actividad de los grupos de presión o lobbies y mejorar el sistema de protección al denunciante de corrupción.

Nuevos proyectos legislativos:

• Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: creación de la figura del fiscal investigador.

• Nueva Ley Orgánica del Derecho a la Defensa.

• Nueva Ley reguladora de la actividad de los lobbies, en coparticipación con Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

• Nuevo Código de Comercio.

Reformas legislativas parciales:

• Reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil.

• Reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

• Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (vigente hasta el 30 de Junio de 2017).

• Reforma de la Ley de Tasas Judiciales, en el sentido expresado en la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia del 18 de octubre de 2016.

• Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: se reformará para regular las denominadas puertas giratorias entre la Justicia y la política.

• Nueva Ley reguladora de la prohibición de indultos a condenados por corrupción.

• Nueva Ley que mejore el sistema de protección al denunciante de corrupción.