El PP replica al PSOE que hablar de gestión eficaz de la Junta en el Guadalquivir es insultar a los andaluces

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Congreso, María Teresa de Lara, señaló hoy que hablar de gestión eficaz y de optimización de los recursos por parte de la Junta de Andalucía sobre las aguas del Guadalquivir durante los tres años en que ostentó las competencias de la cuenca del río que transcurre íntegramente por la comunidad autónoma "es un insulto a todos los andaluces".

Durante el debate de la toma en consideración acerca de las competencias sobre las aguas del Guadalquivir a su paso por la comunidad autónoma, De Lara remitió a la Junta a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la vulneración del principio de unidad de gestión de la cuenca intercomunitaria del río, después del "sinsentido" producido desde que en 2008 Zapatero aprobara el decreto sobre el traspaso de funciones y servicios de dichas aguas.

Sinsentido, dijo De Lara, sobre el modelo de gestión durante los tres años que la Junta de Andalucía ostentó las competencias del Guadalquivir, que para la dirigente popular fue "un modelo politizado, que ha carecido de objetividad, de transparencia, de eficacia y de austeridad, y en el han primado los intereses de partido y localistas por encima de los intereses de los andaluces y, a la postre, de todos los españoles".

Así las cosas, De Lara puso el acento en que el debate no debe centrarse "en quien tiene o no tiene las competencias, sino en cómo debe ser una gestión adecuada de los recursos".

"Se puso en marcha un proceso de transferencias, sin un plan serio, sin definir los medios de financiación, sin estructuras definidas", dijo De Lara sobre el inicio del traspaso de competencias, en un proceso "lento y costoso" para integrar el personal de la Confederación en la Junta de Andalucía, pero "la asignación de funciones brilló por su ausencia al no estar prevista ni planificada". "Y no es que la comunidad gestione el Guadalquivir; es que cada provincia con visión miope y localista quiere gestionar el tramo del río que discurre por ella", añadió De Lara.

Pero tras la sentencia del Tribunal Constitucional, vuelta a empezar. "Personal, instalaciones, expedientes, obras en marcha (pocas) y obras en proyecto vuelven a pasar de la Junta de Andalucía al Estado en 2011", por lo que la dirigente popular criticó que en estos años los responsables autonómicos "hayan consumido más energía en estructurar y desestructurar organismos, en asumir y devolver competencias, en colocar a sus amigos, que en trabajar por el ciudadano y mejorar la gestión de la política hidráulica".

Para De Lara, es evidente que "no se han optimizado los recursos ni se han gestionado de una manera eficaz y cercana", toda vez que lamentó que "las aguas hayan vuelto, pero no lo hayan hecho ni los fondos ni las infraestructuras", ya que durante los tres años que la Junta gestionó el Guadalquivir tuvo 781,15 millones a su disposición -330 millones del Estado y 451 millones de FEDER-, para infraestructuras hidráulicas y medioambientales, que finalmente "no aprovechó".