El GPP asegura que con la declaración culmina un proceso iniciado hace más de diez años

Durante el debate, el portavoz popular ha puesto de manifiesto que la declaración de un parque nacional “es un hecho excepcional. En los casi 100 años de existencia, únicamente se han declarado 14 parques nacionales. De los más de 1.700 espacios protegidos que existen en nuestro país, solamente 14 de ellos son parques nacionales”.

Aparici ha destacado que tanto la redacción del Proyecto de Ley como su tramitación parlamentaria, han estado presididas por el diálogo y el consenso con todas las organizaciones y agentes sociales.

La Ley protegerá bajo la figura de Parque Nacional, un total de 33.960 ha, pertenecientes a las comunidades autónomas de Madrid (21.714 ha) y  Castilla y León (12.246 ha.). Será el quinto parque por superficie de la Red de parques nacionales.

En este sentido, Aparici ha indicado que este nuevo Parque Nacional aportará, desde la perspectiva ecológica, importantes valores naturales y una flora de gran riqueza. “La Sierra de Guadarrama se caracteriza por una flora muy rica y por la singularidad de muchas de sus especies”, afirmó.

El portavoz de Medio Ambiente ha señalado que “el Parque Nacional nace con una voluntad clara y contundente de conservación, al servicio del conocimiento y el disfrute de los ciudadanos y debe constituir el principal motor de desarrollo de su entorno. Son lugares abiertos para ser visitados y están a disposición de los ciudadanos, pero la sociedad y los habitantes del entorno demandan hoy algo más, ya no basta con conservarlos y permitir que se visiten. Los parque nacionales deber ser capaces de ofrecer ciertas formas de aprovechamientos y deben abrir su gestión a la sociedad”

NOVEDADES

La senadora del PP por Segovia, Paloma Sanz y el portavoz de Medio Ambiente han destacado que la declaración supone una nueva visión respecto a los parques nacionales e incluye novedades como el refuerzo del Estado como último garante de la conservación de sus espacios más apreciados y prestigiosos.

Así, han puesto de manifiesto que no se han incluido dentro de los límites del Parque Nacional territorios de titularidad privada, cuyos propietarios no han manifestado su intención de suscribir los correspondientes acuerdos.

Otra de las novedades es que la Ley reconoce la potestad de coordinación del Estado y asigna la gestión ordinaria y habitual a las comunidades autónomas. El Estado no puede desentenderse de la ejecución autonómica de la legislación estatal, de ahí la importancia de la función coordinadora de la Administración General del Estado, que se instrumenta mediante la creación de una Comisión de Coordinación adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La Ley incluye como novedad la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en cualquier Parque Nacional de la Red, con carácter excepcional, cuando disponga de datos fundados de que el Parque Nacional se encuentra en un estado de conservación desfavorable y los mecanismos de coordinación no resulten eficaces para garantizar su conservación. En este caso, la Administración General del Estado, de forma puntual y concreta, podría aplicar las medidas y acciones indispensables y necesarias para evitar daños irreparables en los sistemas naturales del Parque Nacional.

Otro de los cambios que se introducen es la creación de una nueva figura denominada Área de Especial Protección del Parque Nacional, situada en las zonas periféricas de protección del Parque, y por tanto fuera de sus límites, pero sometidas al mismo régimen jurídico del Parque Nacional, excepto en lo que afecta a determinados aprovechamientos tradicionales compatibles o necesarios para contribuir al desarrollo socioeconómico del entorno del Parque. En 7.000 Ha de los montes de Valsaín estarán permitido los aprovechamientos forestales que se venían realizando de forma sostenible desde el siglo XVIII.