La portavoz adjunta de Fomento del GPP, Concha de Santa Ana, señala que el objetivo es "simplificar y agilizar los procedimientos de inspección y de sanción mejorando la eficacia en la persecución y sanción de conductas ilegales".
La portavoz adjunta de Fomento del Grupo Popular, Concha de Santa Ana, aseguró hoy que "este proyecto es una norma necesaria, que busca aclarar las dudas existentes sobre la correcta articulación del ejercicio de las competencias delegadas por parte de las Comunidades Autónomas en materia de inspección y de sanciones" al transporte.
Durante el debate sobre el Proyecto de Ley para la Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en materia de transportes por carretera y por cable en el Pleno del Congreso, la portavoz del PP explicó que "se trata de una norma que únicamente modifica el artículo 10 de la ley orgánica 5/87 que complementa la ley 16/87 sobre ordenación de transporte terrestre".
Para la diputada popular, "la función inspectora es un pilar básico en el sector de transporte por carretera para fomentar el cumplimiento de las normas y para conseguir una adecuada ordenación del transporte, evitando la aparición de conductas ilícitas que afectan de manera significativa a la competencia".
"La titularidad de esta función -recordó- no corresponde exclusivamente a una Administración Pública de modo que se atribuyen competencias en materia de transportes por carretera tanto al Estado como a las autonomías".
Así, subrayó que "las CCAA llevarán a cabo la inspección de los servicios de transporte por carretera y por cable en los centros de trabajo que las empresas tengan en sus respectivos territorios y en los vehículos que circulan por ellas con independencia del ámbito territorial en el que se hayan desarrollado los servicios que son objeto de esa inspección".
De esta manera, la portavoz del PP señaló que "se delega en las Comunidades Autónomas la facultad sancionadora, incluso cuando la gestión del servicio de transporte no haya sido objeto de delegación o haya sido delegados en otras regiones".
Sin embargo, argumentó que "las facultades delegadas no serán obstáculo para que la Administración General del Estado acuerde realizar en último lugar las inspecciones que estime necesarias".
Asimismo, la diputada del PPmanifestó que "la Comunidades sólo están facultadas para proponer la resolución del contrato de gestión de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general de competencia estatal correspondiendo a la Administración General del Estado incoar tramitar y resolver el correspondiente procedimiento de resolución.
Además, destacó que "no están delgadas las funciones de inspección y control en fronteras de los transportes internacionales ni las funciones de vigilancia del transporte atribuidas a la Guardia Civil".
Por tanto, subrayó que el objetivo es "simplificar y de agilizar los procedimientos de inspección y de sanción en el transporte por carretera mejorando la eficacia en la persecución y sanción de conductas ilegales que subvierten las condiciones de competencia en un mercado único".
Por último, acusó al PSOE de "hacer un debate sobre la LOTT que ya había sido superado en la Comisión".