Se refiere especialmente a los hijos de víctimas mortales y del padre agresor que pierde la patria potestad.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley, debatida hoy en la Comisión de Justicia del Congreso, relativa a la adaptación normativa para dar respuesta a la situación de vulnerabilidad y desamparo en que se encuentran aquellos menores hijos de víctimas mortales de violencia de género y del padre agresor.
En este sentido, el portavoz de Justicia del GPP, José Miguel Castillo Calvín, defendió adecuar nuestro ordenamiento a las recomendaciones de los organismos internacionales, de manera que la respuesta que se ofrezca a los menores en dicha situación sea similar a la que se ofrece a la mujer víctima de violencia.
Por ello, advirtió que la situación de hecho del hijo menor, resulta similar a la de una orfandad absoluta, pues no sólo pierde a su madre, sino que afectiva y legalmente también pierde a su padre en aquellos casos en que, existiendo serios indicios de responsabilidad criminal, atendida la gravedad del delito, cautelarmente, el agresor debe quedar ingresado en prisión preventiva y privado de la patria potestad.
Además, consideró que la protección especial al menor hijo de víctima mortal de violencia de género, cuando el padre agresor ha sido privado cautelarmente de la patria potestad, no debe agotarse en la revisión y mejora de la regulación de su pensión de orfandad, sino que debe alcanzar a otros aspectos.
Recordó, asimismo, que con el Real Decreto-Ley 3/2013 del pasado 22 de febrero, todos los que sean víctimas de violencia de género no sólo no deberán abonar tasas, sino que tendrán todos los beneficios de la Justicia Gratuita.
Por todo ello, Castillo Calvín apeló al consenso con el resto de los grupos parlamentarios para solicitar del Gobierno la adaptación normativa de nuestro ordenamiento jurídico, que permita ofrecer una protección especial y que de una respuesta adecuada a la situación de vulnerabilidad y desamparo en que se encuentran estos menores.
El diputado del PP también señaló que la protección deberá extenderse también a aquellos supuestos en los que el agresor es la madre, pues en ambos casos el menor se ve privado de la protección de ambos progenitores, uno por fallecimiento y el otro por ingreso en prisión preventiva con suspensión del ejercicio de la patria potestad.