La Protección Civil Integral sólo puede alcanzar altos niveles de eficacia cuando el ciudadano se sienta sujeto activo"

Durante su intervención en la defensa de la Proposición no de Ley del Grupo Popular sobre la elaboración de una nueva Ley de Protección Civil, la diputada del PP señaló que el objetivo es "prevenir las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes o calamidad publica, proteger a las personas o a los bienes cuando dichas situaciones de producen, así como contribuir a la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas".

En este sentido, explicó que la Protección Civil encuentra su principal fundamento jurídico en el artículo 15 de nuestra Constitución. Es decir, aclaró, "protege dos de nuestros principales derechos fundamentales como son el derecho a la vida y a la integridad física".

Por ello, indicó Belén Hoyo, es importante que los poderes públicos aseguren el buen funcionamiento de ésta. "Nadie duda de la transcendencia y la magnitud de las consecuencias que se pueden derivar de una situación de grave emergencia", apuntó la diputada del PP, quien advirtió que "por ello es importante que sea eficaz, porque la eficacia en este ámbito puede salvar vidas".

La Ley 2/1985 de 21 de Enero sobre Protección Civil establece el marco institucional y la Protección Civil se concibe como un servicio público cuya competencia corresponde a la Administración Civil del Estado en los términos establecidos en la citada Ley y en el resto de las Administraciones Públicas.

"Esta Ley se aprobó ya hace 27 años y durante este tiempo la protección civil y las emergencias han evolucionado mucho y han cambiado con el paso del tiempo, igual que cambia la sociedad", indicó la dirigente del PP.

En opinión de Belén Hoyo "dicha Ley ha quedado obsoleta y superada por la realidad y debemos mejorar nuestro sistema de protección civil".
"Ahora, además de atender a emergencias y catástrofes puntuales se exige a las AAPP promover la seguridad integral de sus ciudadanos tomando las medidas adecuadas".

Así, afirmó que debemos hacer una nueva Ley de Protección Civil que regule el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado a la luz de las nuevas circunstancias y demandas sociales y de acuerdo con el marco competencial configurado por el Tribunal Constitucional y respetando escrupulosamente las competencias de las CCAA".

A su juicio, la nueva Ley debe garantizar la actuación integrada del conjunto de las AAPP implicadas y la colaboración que exige la acción pública en esta materia y supone reforzar las medidas de coordinación y cooperación entre administraciones.

Es preciso que la nueva Ley prevea las ayudas que deba de prestar el Estado con carácter subsidiario respecto de cualquier otro sistema de cobertura. "También debería prever mecanismos ágiles para que las ayudas puedan ser puestas a disposición de sus beneficiarios lo antes posible de forma que puedan cumplir de manera eficaz el objetivo que persiguen", concluyó Belén Hoyo.