Alarcó ha explicado que hasta ahora estos profesionales, cuando se jubilaban, podían compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación con el trabajo como profesional libre colegiado.
El Gobierno publicó el pasado 26 de mayo la orden TIN/1362/2011 sobre Régimen de Incompatibilidades de la Percepción de Jubilación del Sistema de Seguridad Social, y que entrará en vigor el próximo día 1 de julio, por la que declara incompatible el ejercicio por cuenta propia de profesionales como médicos, arquitectos o abogados, entre otros, con la percepción de una paga de jubilación de la Seguridad Social.
El senador canario ha indicado al ministro de Trabajo que la decisión del Gobierno "es absolutamente injusta, porque lesiona la libertad de los profesionales de numerosas disciplinas y transmite un mensaje de incoherencia al impedir la continuidad laboral en el contexto de profundo desempleo en el que nos encontramos en la actualidad".
En este sentido, Alarcó ha denunciado que la orden es contraria al Pacto de Toledo, que aconseja la necesidad de compatibilizar la condición de clase pasiva con el ejercicio de algunas profesiones. Además, aumenta el nivel de paro en el personal auxiliar como técnicos o administrativos, en un país con cinco millones de parados.
Así, el senador popular ha anunciado que desde el Grupo Parlamentario Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, no cesará en el empeño de modificar esta norma a la que calificó de "inoportuna, injusta y a contracorriente".
Reunión con la Unión Profesional Española
La portavoz del PP de Empleo, Alicia Sánchez-Camacho, la portavoz de Sanidad, Dolores Pan y los senadores populares Antonio Alarcó y Jesús Aguirre, han mantenido una reunión de trabajo con la Unión Profesional Española, organismo que aglutina a más de 1.500.000 de profesionales liberales colegiados, para tratar la decisión adoptada por el Gobierno.
Durante la reunión el Grupo Parlamentario Popular se ha comprometido a presentar dos enmiendas, en el Senado y en el Congreso, para que quede sin efecto la Orden Ministerial que lesiona gravemente los derechos adquiridos por miles de profesionales. En este sentido la Unión Profesional Española ha presentado un recurso contencioso administrativo para paralizar de forma cautelar la entrada en vigor de la Orden Ministerial hasta su resolución definitiva.
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