Peral ha explicado que "la posición firme del Partido Popular, traducida en la palabra "exigir", no ha sido compartida ni por el PSOE, ni por la Entesa Catalana del Progres, a pesar de referirse a situaciones de hecho muy perjudiciales para España".
El texto de la moción recuerda que el largo contencioso hispano-británico sobre Gibraltar, que es la última colonia existente en suelo europeo, ha pasado por diversas etapas y se le han aplicado desde España diferentes políticas sin que se hayan producido avances apreciables.
La aspiración de España, mantenida por todos los Gobiernos, ha sido siempre la recuperación de la soberanía plena sobre el Peñón, que se basa tanto en el Tratado de Utrecht como en las resoluciones de Naciones Unidas, que consideran a Gibraltar como un territorio sometido a descolonización. Ni la ya superada política de dureza, ni la más reciente de concesiones unilaterales, han conseguido resultados dignos de mención.
Se recuerda asimismo que Gibraltar se ha convertido en uno de los principales centros europeos para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y de otras formas de contrabando, en un paraíso fiscal, con todas las connotaciones negativas que ello implica, situación especialmente irritante en una situación de crisis económica como la presente.
Es también conocido cómo la persistencia de esta colonia en el territorio de un miembro de la UE por parte de otro miembro ha tenido también efectos negativos en el propio ámbito comunitario produciendo bloqueos, como el relativo a las fronteras exteriores, que sólo podrán resolverse, previa extinción del régimen colonial.
La inclusión de las autoridades locales gibraltareñas, en el proceso negociador, convirtiendo en trilateral un contencioso que por toda clase de razones históricas y jurídicas, sólo puede tener un aspecto bilateral, no ha producido tampoco ningún progreso, cara a la solución de contencioso, aparte de la enorme satisfacción de esas autoridades locales, a las que de facto se les reconoce así una cierta personalidad internacional, para la que no tienen ninguna legitimación. No otra cosa significa la fórmula gibraltareña de «dos banderas, tres voces».
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular, propuso a la aprobación de la Comisión de Asuntos Exteriores la siguiente moción:
La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado insta al Gobierno a:
1. Reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido, sin dejar de lado la cuestión de la soberanía, que no puede aplazarse indefinidamente.
2. Exigir a las autoridades británicas para que -en cumplimiento de los acuerdos internacionales, incluidos los adoptados en la reunión del G 20 en Londres (abril de 2009)- se impida que Gibraltar siga siendo un paraíso fiscal.
3. Exigir que las autoridades gibraltareñas pongan fin a su política de ocupación de aguas territoriales españolas, ampliando artificial e ilegalmente su territorio. Asimismo deben comprometerse a devolver esa zona de la bahía de Algeciras, ilegalmente ocupada, al statu quo anterior.
4. Exigir que se ponga fin al frecuente acoso de que son objeto barcos pesqueros españoles que faenan legalmente en aguas que, de ninguna manera, se pueden considerar como gibraltareñas.
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