El Grupo Popular ha presentado dos Proposiciones no de Ley en las que pide la inmediata puesta en marcha de la Oficina Judicial y la mejora de la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia.
La primera de las dos iniciativas parte, según la exposición de motivos, de que la situación de la Administración de la Justicia es crítica dado que los asuntos sin resolver que acumulan los juzgados aumentan, que el tiempo de promedio en el que se resuelven es mayor que hace un lustro y que a estos dos factores se les suma la obsolescencia del material, la dispersión de programas informáticos y la acumulación de ejecuciones.
La Proposición no de Ley insta de este modo al Gobierno a que concrete y ponga en marcha de forma inmediata y sin mayor dilación la Oficina Judicial, para cuya implantación en la estructura procesal el Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la modificación de más de 15 leyes procesales.
La puesta en marcha de la Oficina Judicial constituye uno de los puntos centrales sobre los que gira el acuerdo suscrito con el Gobierno socialista en 2008 por el cual se renovaban los compromisos adquiridos en los años 2001-2003, compromisos que fueron rotos unilateralmente por el PSOE cuando decidió salirse del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, una decisión que supuso la pérdida del impulso para una mejor y más rápida Administración de la Justicia.
PNL Oficina Judicial
Formación del personal en la Administración
La segunda Proposición de Ley pone el énfasis en la necesidad de nueva política de personal, sin la cual la modernización de la Oficina Judicial no será posible. Esa política de personal, apunta la iniciativa, debe incidir en la formación.
Subraya así el escrito que la interinidad y la falta de formación de los funcionarios se convierten en una constante que preocupa cada vez más. Por ello, la iniciativa insta al Gobierno a dotar al personal interino de la formación necesaria para desarrollar su trabajo con la calidad y garantías exigibles en tanto en cuanto no se produzca la cobertura de todas las plazas de funcionarios de la Administración de Justicia que integran las plantillas de los Juzgados y Tribunales.
En último lugar, solicita también al Ejecutivo a dotar al personal al servicio de la Oficina Judicial de formación en materias de índole organizativa y de recursos humanos, proporcionándoles las capacidades necesarias para cumplir su función.
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