La Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular y que ha sido consensuada con el resto de grupos, por la que se reclama al Gobierno que incluya en las bases de los concursos de los programas públicos para mayores una cláusula de preferencia en la adjudicación de los contratos que garantice que los medios de transporte y los establecimientos hoteleros sean accesibles a personas con discapacidad, especialmente a las que tengan movilidad reducida o usen sillas de ruedas.
Durante el debate de la moción, la senadora del PP por A Coruña, Mª Jesús Sainz, ha señalado que "es evidente que al tratarse
de programas públicos deben incluir cláusulas que establezcan unas condiciones mínimas de accesibilidad porque, tal y como denuncia el CERMI, personas que utilizan sillas de ruedas han tenido que renunciar a estos programas porque no tienen ninguna seguridad de que los medios de transporte o los hoteles seleccionados reúnan las condiciones de accesibilidad necesarias", ha indicado.
Sainz considera que puede tratarse de una discriminación indirecta porque ocasiona desventaja a una persona respecto a otra por razón de discapacidad. "Esta moción tiene un profundo carácter social y de igualdad de oportunidades y es una reivindicación de todos los que no pueden acceder a estos programas de vacaciones por temor a que pueda existir falta de accesibilidad. Desde el Grupo Popular consideramos que todas las personas deben de tener las mismas oportunidades de disfrutar de las ventajas que el Estado ofrece, independientemente de su grado de discapacidad", ha afirmado.
La senadora popular ha asegurado que a los poderes públicos no sólo les compete eliminar cualquier tipo discriminación sino promover medidas que vayan destinadas a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas discapacitadas en la incorporación y participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.
En este sentido, Sainz ha explicado que actualmente los programas de vacaciones para mayores y el Programa de Termalismo Social no establecen mecanismos que permitan garantizar plenamente la accesibilidad a los mismos, especialmente a las personas con movilidad reducida o con problemas de comunicación. Por eso, en su opinión, nunca puede servir de excusa que estos programas exijan como requisito que los beneficiarios puedan valerse por si mismos, ya que, muchas personas con discapacidad y movilidad reducida tienen una amplia autonomía, pueden acceder a los programas pero tienen que renunciar porque existen barreras que impiden la accesibilidad.
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