Los eurodiputados han dado luz verde a un acuerdo "muy ambicioso y en tiempo récord, que mejorará el funcionamiento y la transparencia del sistema financiero", ha afirmado el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo.
El eurodiputado del PP, que ha sido uno de los principales negociadores y artífice del acuerdo, ha explicado que el nuevo sistema de autoridades es "la primera respuesta seria de la UE para paliar las causas que condujeron a la crisis económica y para evitar que, en caso de crisis futuras, sea otra vez el contribuyente quien corra a cargo de la factura".
El acuerdo crea un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (ESBR, en sus siglas en inglés), con sede en Francfort, responsable de garantizar y prevenir contra cualquier tipo de inestabilidad en el sistema financiero y que estará presidido durante los primeros cinco años de funcionamiento por el gobernador del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet.
Además, se crean tres autoridades europeas responsables de la supervisión de bancos, seguros y bolsa, que tendrán respectivamente sus sedes en Londres, Francfort y Paris. Todas ellas podrán intervenir directamente una entidad financiera si el supervisor nacional no adopta las medidas o recomendaciones que se adopten en caso de situación de emergencia y decidirán en caso de las entidades supranacionales en las que los supervisores nacionales no alcancen un acuerdo para intervenir.
Según García-Margallo, el Parlamento Europeo ha logrado el cambio en profundidad del sistema de supervisión financiera que propuso en 2009 el informe elaborado por Jacques de Larosière a petición de los gobiernos europeos tras el estallido de la crisis.
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha garantizado la fiabilidad del nuevo sistema de supervisión con una cláusula que dispone la revisión de su funcionamiento dentro de tres años, para comprobar si los poderes de las nuevas autoridades son los adecuados o si es necesario reforzarlos. También se examinará entonces la conveniencia de que las diferentes autoridades tengan su sede en la misma ciudad europea.
Asimismo, la Eurocámara tendrá el control democrático de todas las nuevas autoridades, toda vez que podrá vetar el nombramiento de sus dirigentes, con los que mantendrá contactos regulares, y podrá intervenir en la elaboración de las normas que propongan sobre funcionamiento del sistema financiero.