El Grupo Popular en el Congreso reclama al Gobierno medidas urgentes para combatir el aumento de la violencia de género

En la moción, los populares instan al Ejecutivo a poner en marcha de forma inmediata todas las medidas aprobadas en la subcomisión para el estudio y el funcionamiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y en particular, establecer mecanismos efectivos para que la orden de alejamiento se cumpla de forma efectiva y con garantía de seguridad para las víctimas.

También, el Grupo Popular pide promover la modificación del art. 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con el fin de incorporar a los menores como sujetos de la Ley, víctimas directas de dicha violencia.

Además, solicitan al Gobierno socialista llevar a cabo modificaciones legales oportunas con el objeto de suspender la patria potestad cuando haya sentencia firme condenatoria por violencia de género.

Por otro lado, instan a revisar la Ley Integral sobre Violencia de Género en cuanto a las competencias civiles de los juzgados de Violencia sobre Mujer, de manera que la competencia para la tramitación de los procedimientos civiles subsiguientes volverían a los juzgados de orden civil y a los especializados en familia.

En opinión del Grupo Popular, el Ejecutivo debe impulsar el uso de medios telemáticos a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género, en especial el "Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas de Alejamiento en Materia de Violencia de Género", el llamado brazalete para maltratadores.

Así, siempre que la Valoración del Riesgo de las víctimas de violencia de género determine que el riesgo es alto o muy alto, los jueces deban acordar la utilización de los instrumentos de tecnología existentes para facilitar el cumplimiento de las medidas de alejamiento impuestas con carácter cautelar en los procedimientos por violencia de género.

En la moción del Grupo Popular, también se solicita promover la modificación del art. 777.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, preservadas todas las garantías y asegurando, en todo caso, la posibilidad de contradicción de las partes, la declaración por la víctima llevada a cabo ante el Juzgado de violencia sobre la Mujer tenga el valor de prueba preconstituida.

Por último, los populares piden establecer unidades de valoración forense integral en materia de violencia de género en los Institutos de Medicina Legal en todo el territorio nacional, donde se analice la situación de cada víctima, con el objeto de favorecer la forma de decisión más adecuada y fundada por parte de los organismos judiciales sobre las medidas de protección que deba acordarse.