El PP ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso para combatir la violencia en los menores con una batería de medidas sociales que, entre otras propuestas, contemplan que se reconozca al maestro la condición de autoridad pública o que se fomenten planes de convivencia en los centros educativos.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular expone que el problema no puede resolverse solamente desde el ámbito penal por lo que corresponde a las administraciones públicas la tarea de prevenir y combatir estas situaciones principalmente desde el ámbito educativo, social y asistencial.
Así lo expresa el portavoz adjunto del GPP, Alfonso Alonso, que señala que su formación "siempre ha planteado que este asunto hay que abordarlo de manera integral". "Una cosa es el endurecimiento de la Ley del menor", asegura, pero "debe haber una estrategia nacional para prevenir la violencia y ayudar a las familias, y por eso queremos que haya medidas sociales".
Remarca Alonso que "es necesaria una visión global" frente a este problema y que "hay que actuar en distintos ámbitos en la Ley de menor y con medidas sociales, tratando de fijar una estrategia impulsada por el Gobierno y compartida por el resto de las comunidades que involucre a las familias y a educadores".
La iniciativa presentada por el GPP denuncia no sólo que el Gobierno no haya adoptado políticas a favor de los menores sino que, por un lado, se haya reducido, en los Presupuestos Generales del Estado, el programa "atención a la infancia y a las familias" en un 23,26% para este año -mientras que en el 2009 se redujo un 78,06%-, y, por otro lado, denuncia también que el pasado año disminuyeran en un 20% las ayudas a planes de menores infractor
"DESIDIA Y DEJACIÓN" DEL GOBIERNO
Por estos motivos, Alonso critica la "dejación" del Ejecutivo en la adopción de medidas así como la "desidia" en la reducción de las ayudas económicas para prevenir la violencia en un momento en el que se han sucedido casos de violencia en menores verdaderamente dramáticos, el último de ellos el asesinato de la menor Cristina Martín en la localidad toledana de Seseña. A esta muerte se suman los datos del CGPJ de 2009 sobre menores enjuiciados por delitos y faltas, que el pasado año alcanzaron los 29.462 casos, cifras que reflejan un incremento de 3.100 menores enjuiciados en relación con el año anterior.
A esta "desidia" en las ayudas económicas se añade la finalización del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009 sin que el Gobierno haya realizado una evaluación sobre el mismo y sin que haya noticias de la elaboración de un nuevo plan. Por ello, entre las medidas propuestas por el PP en la Proposición no de Ley figura la exigencia de que en un plazo de tres meses el Gobierno presente un Informe de Evaluación de dicho plan y elabore uno nuevo antes de que expire 2010
El resto de las iniciativas que componen la batería de medidas sociales propuestas por el PP son: desarrollar campañas de sensibilización y protección; elaborar guías de información y orientación dirigidas especialmente a aquellos padres con hijos conflictivos o con problemas de drogas y alcohol; potenciar la figura del Educador de adolescentes o mediador para intervenir con menores de 12 a 17 años que tengan alguna situación de conflicto así como establecer una Red de Educadores en todo el territorio nacional; impulsar servicios de mediación familiar como espacios de prevención y apoyo ante las dificultades en la convivencia familiar y apoyar a las ONG´s que desarrollan labores de atención y programas dirigidos a menores víctimas de la violencia.
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