El Grupo Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa a la creación de un espacio sociosanitario en el Sistema Nacional de Salud.
En concreto, el PP insta al Gobierno a presentar en el Consejo Interterritorial de Salud, en el plazo de seis meses, una propuesta de financiación, gestión y distribución de los recursos necesarios para atención sociosanitaria, concretando sus servicios en el decreto por el que se regula la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, y dando cumplimiento tanto a la Ley de Cohesión y Calidad del SNS como a los mandatos de la Ley de Promoción de la autonomía personal y de atención a las personas dependientes.
Asimismo, los populares piden también que el Gobierno presente en un plazo de tres meses una memoria económica que cuantifique los gastos hospitalarios derivados del cuidado de los mayores dependientes y los contraponga, en términos presupuestarios, a la posibilidad de utilizar las residencias de mayores, estableciendo un número determinado de plazas medicalizadas, de forma que se evite ocupar camas hospitalarias de manera innecesaria.
En la exposición de motivos de esta iniciativa, el PP advierte de que el envejecimiento de la población, con mayores tasas de supervivencia gracias a los avances médicos ha provocado en los últimos años un crecimiento del número de personas en situación de dependencia que requieren atención sociosanitaria.
Ley de Dependencia
Sin embargo, la prestación sociosanitaria reconocida en 2003 no quedó especificada en la Ley de Dependencia de 2006, lo que dejó en una difícil situación a quienes, por definición, deberían ser el primer colectivo objeto de protección por dependencia: los grandes dependientes, personas que requieren no sólo los cuidados de los servicios sociales, sino también un considerable componente de atención sanitaria.
Según destaca el PP en la Proposición no de Ley, la creación de un espacio sociosanitario permitiría ordenar mejor el gasto, puesto que se evitaría mantener ingresados en hospitales a mayores dependientes que podrían ser atendidos en centros residenciales.
Por último, el PP concluye que, siete años después de ser definida la atención sociosanitaria en nuestro ordenamiento, se encuentra situada, en términos jurídicos, en el terreno de las expectativas, pero no en el de los derechos propiamente dichos.