Carmen Rialobos ha exigido a la ministra explicaciones sobre la política llevada a cabo por su departamento para proteger a los telespectadores ante los abusos de estos concursos.
Carmen Riolobos ha señalado que cada día existen más televisiones generalistas con concursos mediante llamada telefónica o mensaje, al tiempo que crecen las quejas y las denuncias de los consumidores por las abultadas facturas de teléfono y las sospechas de fraudes, timos y engaños en dichos concursos de televisión.
La portavoz de Consumo del PP ha explicado que el motivo de interpelar al Gobierno es por "la desprotección real que sufren los consumidores ante el bombardeo de concursos telefónicos en las distintas televisiones, por el aumento de las quejas y denuncias por las facturas telefónicas con servicios no demandados, así como por las sospechas de que en algunos de dichos concursos hay engaño, fraude e información opaca para el teleespectador".
Así, la senadora popular ha puesto como ejemplo el caso de un joven que participó en un call TV a través de un SMS y recibió una factura desorbitada porque desconocía que al participar con un mensaje en el concurso se suscribía a un servicio de recepción de mensajes publicitarios que le facturaban a él.
En este caso concreto, el joven recibe una factura que incluye un apartado de "Mensajería de Tarifación Adicional" con 132 mensajes, a 0,30 euros cada uno, lo que supone unos 40 euros al mes. "El problema tardó casi un año en solucionarse, por lo que esta persona llegó a recibir cerca de 1.600 mensajes, con un coste de 600 euros al año", denunció la portavoz de Consumo del PP.
En su opinión, "casos como éste hace que muchas familias se sientan estafadas porque desconocen que con una inocente llamada o un SMS a un concurso de televisión, se están suscribiendo a un servicio de mensajes por el que tienen que pagar cada vez que reciben un mensaje en su teléfono móvil".
Carmen Riolobos también ha resaltado que estos "timos y engaños" de los concursos telefónicos de las televisiones afectan, fundamentalmente, a los colectivos más débiles, como los adolescentes, mayores, ludópatas y discapacitados.
Ante las numerosas denuncias de los consumidores, Riolobos exigió a la titular de Sanidad y Consumo que "garantice la protección de los consumidores" y le recordó que el Ministerio de Industria es el responsable de vigilar estas prácticas abusivas a través de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional.