El Grupo Popular Europeo solicitó previamente un aplazamiento de la votación hasta marzo para que la Comisión Europea y la presidencia española de la UE tuvieran tiempo para aportar a la cámara todas las garantías de que en el acuerdo definitivo que se negociará con Estados Unidos respetará la privacidad de los datos sobre transferencias bancarias de los europeos.
La comisaria europea de Interior, Cecilia Mallstroem, garantizó en el pleno que presentaría a la cámara una nueva propuesta de mandato de negociación del acuerdo dentro de quince días para que lo aprobara la Eurocámara y el Consejo de ministros de Justicia e Interior que se reunirá el próximo 24 de febrero en Bruselas. No obstante la propuesta de aplazar el voto fue rechazada por un margen de 15 votos.
Jaime Mayor Oreja criticó la "cobardía, el silencio y la irresponsabilidad" del Gobierno español, que estaba representado en ese momento en el pleno por el Secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, por no haber defendido esa propuesta de aplazamiento para salvar el acuerdo.
"Ha sido un fracaso de la presidencia y del Gobierno español que en un tema tan importante como es el control de la financiación de organizaciones terroristas ha permanecido mudo ante la votación en vez de defender el aplazamiento como ha hecho la comisaria Mallstroem. Y ni el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ni siquiera estaba en el pleno, ni el Secretario de Estado López Garrido han abierto la boca", señaló.
Jaime Mayor Oreja subrayó, además, que el rechazo a este acuerdo "es una pésima señal de las instituciones europeas hacia Estados Unidos porque este no es un tema cualquiera, es un tema clave para controlar a las organizaciones terroristas y desechar esta colaboración con Estados Unidos es entorpecer las relaciones".
El acuerdo provisional de cesión de datos de transacciones financieras por la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (Swift) a Estados Unidos, cerrado entre europeos y norteamericanos el pasado 30 de noviembre, debería haber entrado en vigor el pasado 1 de febrero de forma interina pero el rechazo de la Eurocámara abre una incógnita sobre la negociación de uno definitivo para dentro de nueve meses, como estaba previsto en principio.
El proyecto de acuerdo preveía que los datos de las transferencias bancarias efectuadas por los bancos europeos sólo se utilizarían "exclusivamente a efectos de prevenir el terrorismo o su financiación", que no se harían copias de los datos facilitados ni se conectarían con otras bases de datos y que a ellos sólo tendrían acceso las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Este tipo de datos, según reconoció ayer en el pleno de Estrasburgo el propio ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, han servido ya para la investigación de los atentados del 11 de marzo en Madrid, así como para prevenir al menos otros nueve atentados en diversos continentes, entre ellos uno en Barcelona en enero de 2009.
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