El PP denuncia que la ley supondrá "un verdadero coladero" para que las menores aborten sin consentimiento ni conocimiento paterno

Así se expresó Moneo en la Comisión de Igualdad en la que calificó de "incomprensible" el "atropello" de la patria potestad que se pretende hacer con esta ley, ya que, "desprotege a los menores de edad y les priva del consejo y apoyo de sus familias".

Apuntó que "allá cada uno con su responsabilidad y con el precio que ha puesto para su apoyo a la ley, a cambio de hacer una norma general de la excepción y de esconder bajo una supuesta violencia intrafamiliar o desarraigo de la menor" lo que será un "verdadero coladero".

Defendió que las enmiendas que presentó el Grupo Popular a este proyecto de ley "pretenden desmontar las ocultas intenciones del Gobierno socialista", que, añadió, "bajo esa inocente y, en teoría, loable defensa de la salud y los derechos de la mujer esconde una de las más radicales apuestas por la imposición del aborto libre en toda España".

ATROPELLO BRUTAL A LA CONSTITUCIÓN

La portavoz del PP consideró "evidente" que pocas leyes vayan a suponer "un atropello tan brutal a la Constitución" como esta. La calificó de "radical" y auguró que supondrá la implantación del aborto como un método anticonceptivo más, "que va a banalizar la práctica del mismo y que va a desproteger a los menores del apoyo de sus padres".

Asimismo, señaló que tanto la exposición de motivos del proyecto de ley como varios de sus artículos "no vienen sino a confirmar el carácter panfletario y catequético del que hablaba el Consejo de Estado" y al que Moneo añadió los términos de "confuso y farragoso".

Se interesó en saber "en qué momento y lugar" de la ley, el Grupo Socialista "piensa defender el derecho a la vida", porque, en su opinión, se trata de eso, "de la defensa de la vida del más débil que hacemos unos, y de la vulneración de este derecho, que pretenden acometer los otros".

Además, calificó de "estrategia publicitaria" lo que han hecho el Gobierno y el PSOE para la defensa de esta ley.

CONDICIONES SANITARIAS

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Santiago Cervera, se refirió a las condiciones sanitarias en las que se deben realizar los abortos en nuestro país. "Creo que todos deberíamos admitir que con independencia de la regulación legal que lo permita, la sanidad debe ofrecer un conjunto de garantías propias de una intervención de este tipo".

Para Cervera, el Ejecutivo socialista "lo que ha hecho es tomar la defectuosa aplicación de la actual legislación como excusa para una huída hacia delante, para ampliar más la posibilidad de que se aborte en España, y, en definitiva, para intentar recuperar la iniciativa en una agenda política que le viene desbordada por los propios acontecimientos de las crisis económica y social que vive nuestro país".

En opinión del portavoz popular, la propuesta del Ejecutivo no explica cómo se puede manejar una interrupción del embarazo dentro del entramado sanitario y asistencial de nuestro país y, por tanto, hacer "que cualquier interrupción voluntaria del embarazo, sea cual sea la legislación que la ampare, se haga con las debidas garantías".

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Por ello, Cervera señaló que el PP ha tratado de incorporar mediante sus enmiendas aspectos como el derecho de información debida a la mujer que debe decidir si continúa o no un embarazo, o la objeción de conciencia de los profesionales. "Somos conscientes de que a los profesionales sanitarios se les puede generar un serio conflicto deontológico en esta materia y que, por tanto, lo que hagamos, desde el punto de vista de la legislación, estará afectando al derecho constitucional a la objeción de conciencia", afirmó.

En este sentido, avisó que en su redacción actual el texto "acabará generando un conflicto sanitario y profesional de primera magnitud causado por no haber contado lo más mínimo con la representación profesional que corresponde al caso", al cercenar el derecho a la objeción de conciencia y convertirlo en "poco menos que un sambenito" de algunos profesionales. "No es reconocer ese derecho permitir simplemente que se exprese la demanda de realizar un aborto, ni crear una lista pública en la que se inscriban quienes no quieren hacerlo", afirmó.

El diputado popular recordó que en un aborto confluyen circunstancias legales, sanitarias, vitales, sociales, afectivas y familiares. "Lo que hay que hacer es saber dar una respuesta adecuada" y lamentó que la respuesta que ha dado el Gobierno se base en "intentar negar la repercusión esencial que tiene la realización de un aborto", tanto desde el punto de vista legislativo como desde el sanitario.