García Ballestero, tras preguntar a la ministra Corredor sobre la fecha prevista por el Gobierno para cumplir con el mandato del Senado -moción aprobada por el Pleno del Senado el 21 de noviembre de 2006- el pasado de suprimir la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), ha puesto de manifiesto que en cuatro años, el Ejecutivo del PSOE esperaba alquilar 25.000 viviendas y después de este tiempo, no se ha llegado ni a la mitad, solamente han sido alquiladas 11.120.
"Las Cortes Generales rechazaron esta sociedad por mayoría, decisión que el Gobierno no ha respetado ni cumplido, con el consiguiente desprecio al Parlamento que esto conlleva", de este modo, el portavoz de Vivienda ha expresado a la ministra su malestar por lo que ha denominado como "la política de oídos sordos del departamento de Vivienda, quien, como un mal inquilino, no ha querido escuchar el desahucio de la SPA que el Senado le requirió".
A lo largo de su intervención, el senador cacereño ha denunciado el gasto innecesario que supone esta sociedad, y ha recordado que el Gobierno dijo que se "autofinanciaría a partir de 2007" y la dotó de un capital social de 20 millones de euros; ya en 2008 hubo un descubierto y se tuvieron que invertir 8,2 millones de euros para evitar la quiebra técnica.
Del mismo modo, García Ballestero ha explicado que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, la partida que corresponde a la SPA, por primera vez, no aparece de forma desglosada. "Ahora no nos vale la explicación de que el administrador único es SEPES (Entidad pública empresarial del Suelo), porque en ejercicios anteriores también lo era y los presupuestos se presentaron desglosados", ha apostillado.
"En definitiva, la SPA después de cuatro años no ha tenido los resultados esperados y prometidos y su gestión ha ido de mal en peor; basta con recordar que ha contado con tres presientes distintos en cuatro años", ha dicho el portavoz popular, quien también ha avisado a Corredor que "sus costes han aumentado hasta en un 50%, y no sólo es que no se autofinancie, sino que tiene importantes pérdidas y su incidencia en el mercado de alquiler ha sido mínima".
Para finalizar, José Manuel García Ballestero ha lamentado también que cada piso que la sociedad pública consigue alquilar, "le está costando a los españoles 2.500 euros, y a esto el Gobierno le llama eficacia".