El pasado 5 de octubre el Gobierno denegó su conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para mejorar la tributación del sector agrario y ganadero español, y también de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para permitir a las PYMES y autónomos no tributar por el IVA de las facturas no cobradas.
Al respecto de esta última, hay que aclarar que resulta llamativo que el Gobierno impida ahora que se debata algo que hace unos meses apoyó. Cuando se debatió esta iniciativa a través de la Proposición no de Ley relativa a las medidas fiscales para mejorar la liquidez de PYMES y autónomos el pasado 21 de abril, el PSOE la apoyó permitiendo que fuera aprobada por unanimidad.
Sin embargo, a la vista de este veto del Gobierno, en la voluntad del Grupo socialista no estaba que esta iniciativa entrara en vigor, sino evitar quedarse solo votando en contra de una medida esencial para miles del PYMES y autónomos en nuestro país. Por ello, la apoyó a sabiendas de que una Proposición no de Ley es una solicitud de la Cámara al Gobierno sin efecto legal.
Una vez constatada la nula voluntad del Gobierno de llevar a cabo dicha modificación de la Ley reguladora del IVA, el Grupo Parlamentario Popular presentó, haciendo uso de la iniciativa legislativa que corresponde al Congreso de los Diputados, esta Proposición de Ley para transformar ese mandato en norma de obligado cumplimiento.
Es por ello que, ahora, ante la posibilidad de que el texto aprobado se convierta en Ley, y para evitar verse obligado a votar en solitario en contra de esta iniciativa, el Gobierno ha decidido evitar que se llegue a debatir y ha decidido vetarla, haciendo uso de la facultad que tanto el artículo 134.6 de la Constitución y como el 126.2 del Reglamento de la Cámara le conceden exclusivamente para el caso de toda aquella iniciativa "que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".
El Grupo Parlamentario Popular considera que el Gobierno no puede hacer uso de dicha facultad de veto, ya que la Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para permitir a las PYMES y autónomos no tributar por el IVA de las facturas no cobradas, no supone en ningún caso "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios", único extremo en que la legislación le ampara para ello, sino, un diferimiento de dichos ingresos en caso de retraso en el pago de las facturas.
• En lo que va de legislatura el Gobierno ha vetado el debate de un total de doce Proposiciones de Ley del Grupo Parlamentario Popular: las dos vetadas el pasado 5 de octubre y otras diez rechazadas con anterioridad:
• Recuperar los incentivos fiscales a la compra de vehículos de turismo y vehículos industriales. El Partido Popular proponía la recuperación del Plan Prever para incentivar la compra de vehículos de turismo y de vehículos industriales hasta con 1.000 euros.
• Eliminar temporalmente por dos años el Impuesto de matriculación para los vehículos menos contaminantes que siguen gravados en el Impuesto de Matriculación, bonificando el 100% de la cuota del impuesto.
• Apoyar a las PYMES y a los autónomos rebajando el tipo para PYMES en el IS al 20 % y ampliando la consideración de PYME a efectos del Impuesto sobre Sociedades (IS) de 8 a 12 millones de euros de facturación.
• Apoyar a las empresas y autónomos por el repunte de la morosidad, reduciendo a 3 meses del plazo de mora para dotar la provisión por insolvencias, elevando al 3% del índice para cubrir insolvencias para PYMES, y elevando del 5% al 8% del porcentaje de provisiones y gastos de difícil justificación.
• Mejorar la competitividad de la economía española, recuperando los incentivos fiscales a la I+D+i, y la deducción por gastos en formación profesional.
• Incentivar el ahorro, a través de una nueva deducción en el IRPF del 10 % de los rendimientos del trabajo destinadas al ahorro a medio y largo plazo, y mejorando la fiscalidad de los planes de pensiones
• Establecer apoyos fiscales a las personas con discapacidad y a mayores, reduciendo el coste final de los servicios para discapacitados y personas mayores, así como de la asistencia social de esos colectivos y la definición completa de los productos sanitarios concebidos para determinados discapacitados.
• Establecimiento de IVA reducido para los servicios de residencia de personas mayores y dependientes.
• Ampliación del derecho a la percepción de la deducción por nacimiento o adopción de 2.500 euros en el IRPF.
• Acometer las obras del pacto del agua en Aragón.
"Tenemos derecho a que nuestra alternativa se discuta en el Congreso"