Con respecto a las informaciones vertidas en los medios sobre la supuesta recalificación de un PAI en el Ayuntamiento de La Nucía, en el periodo en el que fui conseller de Territorio, quiero explicar, una vez más, que la propuesta de ordenación de territorio presentada el año 2005 siguió todos los trámites establecidos por la ley:
· Los programas de actuación integrada (PAI), más conocidos como reclasificaciones de terrenos, son aprobados por la Comisión Territorial de Urbanismo formada, entre otros, por la Generalitat, los sindicatos, el Colegio de Arquitectos, universidades y asociaciones empresariales, así como por diferentes instituciones dependientes del Gobierno central (PSOE) como el Ministerio de Fomento, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Medio Ambiente.
· En junio de 2007 se emitió la declaración de impacto ambiental que contempló, entre otras condiciones, la necesidad de un Informe favorable emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente bajo gobierno del PSOE) que garantizase la existencia de recursos hídricos suficientes y autorización de ocupación de dominio público, condicionando especialmente la validez de la declaración a que se emitiera dicho informe, que dificultaba con mucho la viabilidad urbanística del proyecto. Este carácter resolutorio expreso del dictamen de la Confederación Hidrográfica del Júcar es, de hecho, inhabitual en las declaraciones de impacto ambiental.
· El 23 de octubre de 2008, cuando yo no era ya conseller, la Confederación Hidrográfica del Júcar emitió informe desfavorable quedando, por lo tanto, sin efecto hasta el día de hoy la Declaración de impacto ambiental que hizo imposible el proyecto.
Como es conocido, la Audiencia Nacional, en febrero de 2009, realizó un comunicado desmintiendo las informaciones sobre el sumario que pretendían vincularme con la comisión de un delito o irregularidad.
Este nuevo ataque a mi honorabilidad me lleva a poner en conocimiento de la opinión pública que tomaré medidas legales contra cualquiera que insinúe que mis actuaciones vulneraron la legalidad en algún momento.