La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó hoy un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2009 por ser "fhaberse hecho en fraude y por recortar derechos sociales, como es el caso del pensionazo".
En declaraciones a los medios tras presentar el recurso en el Tribunal Constitucional, Sáenz de Santamaría recordó que la Constitución "prevé que cada año el Gobierno presente la ley de Presupuestos Generales del Estado, pero lo que no permite es que esos presupuestos para el año siguiente sean presupuestos que se basen en estimaciones que no son verdad, y eso lo ha reconocido el propio vicepresidente segundo del Gobierno y actual ministro de Economía y Hacienda, el señor Solbes".
Además, afirmó que estos presupuestos también son "fraudulentos", ya que durante su tramitación "el Gobierno ha ido aprobando Reales Decretos y Reales Decretos Leyes que contenían gastos que sin embargo no se han reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, que en ese momento se estaban tramitando".
Tal y como indicó la dirigente del PP, "el Gobierno ha eludido incluir nuevos gastos en esos presupuestos, como por ejemplo los intereses o la deuda pública que se genera para poner en marcha el denominado Plan E, el plan del fondo local de los ayuntamientos".
Asimismo, Sáenz de Santamaría explicó que una ley de presupuestos tiene una vigencia anual y limitada a asuntos relativos a ingresos y gastos del Estado "y no puede contemplar otras medidas permanentes y de calado superior a un año, como es el recorte de estas pensiones".
"Con esto -añadió- el Gobierno ha eludido una ley que pudiera discutirse en las Cortes de otra manera para llevar a cabo ese recorte social que sin embargo recogen estos presupuestos".
Por último, Sáenz de Santamaría aseguró que "es la primera vez que se recurren unos presupuestos en nuestro país" y reiteró que las cuentas aprobadas están basadas en "estimaciones falsas y desfasadas, como ha reconocido el responsable de su elaboración"; además, "no contienen la totalidad de ingresos y gastos del Estado por no recoger esos decretos que establecían determinadas medidas de gastos por parte del Gobierno" y recortan "derechos sociales de los ciudadanos en una ley de presupuestos que no está prevista para eso".