Arenas: "La Justicia también vive la etapa más reformista de la historia de la democracia"

Durante una reunión que el dirigente popular y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han mantenido con los responsables de esta materia en las Comunidades Autónomas, Javier Arenas ha destacado la importancia de “coordinar la coherencia de las políticas del Gobierno y su impacto en las CC.AA.”, motivo del encuentro.

Así, Ruiz-Gallardón ha explicado que “hablar de la reforma de la justicia es también hablar de economía” ya que “la eficiencia de los recursos es también un impulso a la economía de un país”. El ministro ha explicado que “el sistema judicial se convierte en injusto como consecuencia del tiempo transcurrido desde que se origina el conflicto hasta que se resuelve”, uno de los principales problemas que han originado “la necesidad de abordar un nuevo modelo organizativo y de gestión”.

“EL ACTUAL SISTEMA ESTÁ OBSOLETO”

Durante la reunión, el ministro de Justicia ha realizado un diagnóstico del actual sistema judicial, cuyas principales dificultades son  “el exceso de litigiosidad  y que se encuentra obsoleto”. “Mantenemos actualmente un sistema del siglo decimonónico de dispersión y división que ha provocado perversiones que no hemos sido capaces de vencer”, ha aseverado. Asimismo, ha puesto de manifiesto “las buenas intenciones de anteriores reformas con nulos resultados, ya que el PSOE invirtió mucho dinero en la modernización de la Justicia que no ayudaron a resolver ese problema y por eso ahora estamos ante un cambio radical del modelo muy necesario”.

Alberto Ruiz-Gallardón ha detallado que, en la actualidad, “el contribuyente abona la totalidad del gasto judicial en nuestro país, 4.000  millones de euros, mientras que en Europa el gesto medio que soporta el contribuyente es el 70% y el litigante abona el restante 30% “. Con la aprobación de la nueva ley, el contribuyente pagaría el 90% y el litigante el 10%, una tasa que “ayudará a que sea un elemento disuasorio para quien utiliza la justicia como mecanismo dilatador en el tiempo”.

De otro lado, el ministro ha explicado que la Ley de Mediación se irá implantando poco a poco y que tiene como objetivo “reducir la litigiosidad en el orden penal, para que no se utilice el Código Penal para las responsabilidades civiles, y suprimir las faltas en el código penal de tal forma que el 30% pasen a ser delitos menores y el 70% faltas administrativas”.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS

Por último, el ministro de Justicia ha abordado la propuesta de Ley de Demarcación y Planta, basada en la creación de los tribunales de instancia, cuya circunscripción será provincial. Ruiz-Gallardón ha insistido que “esta reordenación territorial no supondrá, en ningún caso, el cierre de ningún juzgado o infraestructura judicial y se aprovecharán las estructuras ya existentes sin perjuicio de que el modelo marca un nuevo proceso de concentración y especialización”.

El ministro ha señalado que esta nueva propuesta de ley es el resultado alcanzado tras la creación de la Comisión de Expertos nombrada en marzo del pasado año, cuyo objetivo era plantear una reforma de la ley existente desde 1988, y ha insistido en que “el Gobierno aún no ha asumido nada y no se llevará al Parlamento hasta el mes de octubre”.

En la actualidad, el Ministerio cuenta con dos borradores en los que se incluyen las conclusiones alcanzadas por el grupo de expertos, como “la necesidad de un nuevo modelo organizativo y de gestión debido al cambio de la población desde la creación de esta ley”.

En este sentido, Alberto Ruiz-Gallardón ha detallado que “los nuevos tribunales de instancia se crearán para mejorar la distribución de las cargas de trabajo, el régimen de sustituciones de jueces y unificar criterios en las resoluciones más complejas, lo que contribuirá a una mayor igualdad de los ciudadanos ante la ley y una mayor especialización de la justicia”. “Se persigue ganar flexibilidad y maximizar los recursos existentes”, ha concluido.