Alfonso Alonso acusa al PSOE de dejar España a la deriva sin dar la voz de alarma

Durante una reunión con los números uno de cada provincia, Alonso señaló que la situación económica es mucho peor de lo que el PP preveía antes de llegar al Gobierno, con un déficit del 8% para el conjunto de las administraciones, además de una cifra de paro que puede alcanzar los 5,4 millones de parados en el cuarto trimestre.

En este sentido, el portavoz del GPP recordó que "por si fuera poco, nos encontramos un desfase de 5.000 millones en la Seguridad Social respecto de las previsiones". "Tras llenárseles la boca con la defensa de las políticas sociales, los socialistas volvieron a marcharse limpiando la caja" sentenció.

Ante esta situación, Alonso señaló que el Gobierno del PP está obligado a tomar medidas estableciendo prioridades y anteponiendo la equidad, la justicia y la protección social, para lo que el primero en aplicarse el ajuste ha sido el propio Ejecutivo recortando ministerios y organismos públicos que sólo "agrandan el agujero que cada español tienen en el bolsillo tras una gestión ruinosa".

Recordó también que Rubalcaba vaticinó una posible subida del IVA así como una bajada de pensiones y prestaciones por desempleo, algo que han realizado los socialistas siempre que han gobernado, por lo que aseguró que "cuando más tiempo pase antes de que los socialistas vuelvan al Gobierno, menos riesgo corremos de que nos vuelvan a subir el IVA y recortar las pensiones. Y en eso tanto montan Chacón como Rubalcaba".

De este modo, explicó que la subida del IRPF será algo temporal, necesaria para revalorizar las pensiones, algo que "ni el PSOE pudo sostener" y que sólo gravará a quien más ingresos tiene y de forma progresiva. "Al finalizar la legislatura bajaremos los impuestos, ya que el compromiso es explícito", sentenció.

Por otro lado afirmó que el nuevo Gobierno hablará con todos los que estén comprometidos con la defensa del interés general de España, con la posibilidad de llegar a acuerdos con otros grupos como así ha ocurrido ya con CiU. Aunque precisó que a algunos de ellos, como Amaiur, "les diremos que primero acrediten que han roto de verdad con la violencia y que aceptan las reglas del juego democrático".

Para que esto sea efectivo, Alonso señaló que es necesario exigir "la disolución inmediata de ETA y más ahora que sabemos que ETA sigue rearmándose". "Mientras no lo hagan no hay piel de cordero que pueda tapar su vergüenza", advirtió.

Ley de Estabilidad Presupuestaria
 
Por otra parte, el portavoz del GPP aseguró que en las próximas semanas llegará al Congreso la ley de Estabilidad Presupuestaria para poner un techo de gasto a todas las administraciones para que nadie viva por encima de sus posibilidades.

En este sentido, consideró que será "un mensaje nítido a nuestros socios del euro y a los mercados de que España abraza de forma definitiva la cultura de la estabilidad presupuestaria" como primera condición del crecimiento económico y la creación de empleo.

De esta forma, Alonso insistió en que la nueva ley "es la demostración de que todas las administraciones remamos juntas y en la misma dirección" y se englobará, dentro de un calendario de medidas como las destinadas a incentivos para emprendedores y PYMES, la reforma del sistema financiero, así como la laboral, donde el Gobierno tiene la obligación de hacer frente al problema del paro.

Previamente, en declaraciones a los medios en el Congreso, el portavoz del PP recordó, en referencia a que el Gobierno intervendrá las CCAA que no cumplan el déficit, que ya era una propuesta que el PP había formulado con anterioridad y que formaba parte del discurso en la campaña electoral.

"Hay que exigir más responsabilidad a los que administran el dinero de todos sin descartar responsabilidades penales para aquellos que asumen gastos sin respaldo presupuestario, es decir, al margen de la ley que tiene que guiar el gasto, que es el presupuesto", afirmó el portavoz popular.

En este sentido, recordó que, en un Estado democrático, las responsabilidades penales tiene que atenerse al principio de legalidad y sólo se pueden establecer por la vía del Código Penal.

Así, agregó que "el Gobierno tendrá que concretar cómo lleva adelante esta reforma, pero no se pueden pedir responsabilidades penales al margen de lo que establezca el Código".

Por último, sobre las acusaciones de desigualdad en la Justicia tras el juicio a Garzón, Alonso recordó que "nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces". Éstos son, a su juicio, "los primeros que tienen que confiar en la justicia, ya que las leyes son la base de nuestra seguridad y nuestras libertades".