Durante ocho años el Gobierno de la Nación no ha promovido reformas en su estructura administrativa y "ahora es el momento de recuperar el tiempo perdido y de convocar a todos los niveles de la Administración a retomar ese camino".
La crisis no ha afectado igual a todas las ciudades y regiones de España, sino que la padecen con más intensidad aquellas que no se han beneficiado de un modelo de Administración responsable y eficaz como el que promueve el Partido Popular.
En Madrid, el Partido Popular ha probado este modelo de Administración, y, "en efecto, se ha mostrado motor del cambio. Lo implantamos -recordó Gallardón-cuando tuve el honor de asumir la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde otro equipo lo ha mantenido después, y es también el que se sigue en el Ayuntamiento de Madrid".
Administración fuerte. La Administración, sin reemplazar a la sociedad, tiene la responsabilidad de estimularla para que emprenda la senda de progreso y transformación que el país necesita. En vez de incurrir en la política intervencionista e ideológicamente militante que el Gobierno socialista le ha impuesto en estos años, queremos que se convierta en el aliado de cada ciudadano a la hora de buscar una solución a los problemas, de aprovechar una iniciativa, de buscar el medio de poner en marcha una empresa, un proyecto. La Administración tiene que convocar, no imponer ni suplantar, porque cuando convoca la sociedad española sabe responder.
Administración rigurosa, donde las políticas tengan continuidad. Una Administración rigurosa es también aquella que preserva la igualdad de condiciones entre los agentes sociales, entre las empresas, entre los sectores de la sociedad, rehuyendo favoritismos, y la que sabe encontrar el punto de equilibrio entre la existencia y el cumplimiento de unas normas y, una intromisión asfixiante que puede ahogar su espontaneidad. Entre la desregulación total y el intervencionismo hay un término medio en el cual debe habitar la Administración.
Administración ágil, que sea ayuda y no obstáculo. España es uno de los países donde más lento y complicado resulta crear una empresa, debido a la multiplicidad de requisitos de las Administraciones. Hoy se publican en las páginas de los boletines oficiales en España 800.000 páginas al año, frente a las 50.000 de 1978. Y la Administración General, que ha transferido muchas competencias, sigue publicando ese número. Es decir, no ha habido solo una descentralización, sino un crecimiento de la actividad reguladora quizá contraproducente.
Administración proporcionada, con el número necesario de empresas, organismos y recursos; un esquema de competencias, financiación y su red de servicios públicos que evite en lo posible las duplicidades con las de otras Administraciones; y con un control sobre el gasto corriente que dedique el dinero público a lo se necesita. De no haber ocurrido lo que en España ha propiciado el Partido Socialista, sería innecesario recordar que una Administración no puede gastar más de lo que ingresa. El recurso a la deuda en ocasiones puntuales y ligado a inversiones concretas, en momentos económicamente favorables -como por ejemplo ha hecho Madrid- es algo perfectamente normal. Pero el déficit entendido como un mecanismo de funcionamiento habitual es simplemente un suicidio.
El ejemplo de Madrid
El resultado de la aplicación de este modelo es que en 1995 Madrid tenía una tasa de paro superior al 20% y que ocho años después había creado un millón de empleos, dejando esa tasa en el 7,1%, compite en el mercado internacional y ha duplicado el PIB. La Ciudad de Madrid se ha convertido en la tercera gran capital en influencia económica de Europa, después de Londres y París, y que gracias al control del gasto corriente y a la inversión realizada en infraestructuras -justo en el momento en que la transformación de la ciudad todavía podía acometerse-, tiene hoy una tasa de desempleo más de seis puntos inferior a la nacional. "No pueden decir lo mismo -retó Gallardón- ciudades y regiones gobernadas por el Partido Socialista siguiendo un modelo de Administración muy diferente".
"Con todas las limitaciones, con un sistema de financiación que casi no merece tal nombre, con un Gobierno de la Nación abiertamente en contra de aplicar unas mismas reglas del juego para todos, los ayuntamientos -aseguró Gallardón- hemos demostrado que, bien gobernados, correctamente gestionados, podemos ser, y de hecho somos, uno de los pilares del sistema productivo español, una de sus grandes ventajas competitivas en un tiempo en que el Estado no ha estado regido con arreglo a los mismos criterios de proporcionalidad y profesionalidad. Cuando hemos sabido ser reformistas, nos hemos convertido en un factor de dinamización económica de primer orden, un auténtico elemento modernizador de la economía y la sociedad".
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