El pasado 24 de noviembre, el parlamento Europeo aprobó el Paquete Telecom.
El proceso final del "Paquete telecom" había quedado estancado tras aprobarse el pasado mes de mayo en el Parlamento Europeo una enmienda relativa al acceso a Internet sobre cuyo contenido el Consejo mostraba un total desacuerdo, era la enmienda 138; sobre la que, desde entonces, ha llovido una multitud de opiniones. El problema fundamental era que, al obligar a que cualquier corte en el uso de Internet debía estar precedido por una orden judicial, se estaban modificando los sistemas judiciales internos de los Estados Miembros. Esta situación vulneraba el derecho comunitario y que, con toda seguridad, conllevaba la anulación, por parte de la Corte de Justicia Europea, de todo el "Paquete Telecom".
Después de un proceso de co-decisión con el Consejo, se llegó a aun acuerdo en el que no sólo se recoge el espíritu de dicha enmienda, sino que además se han establecido uan serie de garantías procesales que no estaban presentes, y lo hace dentro del marco jurídico comunitario, en otras palabras, legalmente.
En adelante, cualquier restricción de acceso a las comunicaciones electrónicas deberá ser apropiada, proporcional y necesaria, y tan solo se podrá aplicar en situaciones excepcionales (de seguridad nacional, protección de la salud pública, etc). En definitiva, otorgar al acceso a Internet las mismas garantías que a un derecho fundamental, es un avance único. El carácter judicial o no del órgano que interviene en el procedimiento, es de acuerdo con el derecho comunitario, competencia exclusiva de los Estados miembros, razón por la cual no se pronuncia esta legislación europea.
Requisitos y garantías
No cabe duda de que hay una necesidad, además urgente, de buscar soluciones viables que garanticen los derechos de propiedad intelectual y que se adapten a las características del nuevo gran escenario que significa Internet. No obstante, hay que decir que la propuesta que conocemos del Gobierno parece estar lejos de los requisitos y garantías que establece la nueva legislación europea sobre el acceso a Internet. La defensa de que en España sea un organismo judicial el que intervenga en el procedimiento no supone contradicción alguna con la normativa que se acaba de aprobar en Europa porque no hay en ella ninguna toma de posición en este asunto al ser, reitero, una competencia exclusivamente nacional.
El "Paquete Telecom" ha sido un gran paso en la buena dirección, ahora hace falta definir de inmediato la Agenda Digital de Europa para los próximos años. La Revolución digital es un hecho en el mundo, no ponerse decididamente al frente es dejar a Europa fuera de ella.