La diputada del GPP, Aurora Nacarino, afirma que Pedro Sánchez “ha puesto en marcha la construcción de un gran complejo institucionalteconológico-industrial y mediático con el único fin de dificultar la alternancia democrática y perpetuarse en el poder”
Asegura que “cuanto más se politizan los nombramientos tenemos peor democracia”, y, por eso, se entiende más que Transparencia Internacional haya degradado a España en su último informe a la categoría de democracia defectuosa
A su juicio, “Pedro Sánchez ha desplegado, desde su llegada a La Moncloa, una estrategia para el control de las instituciones del Estado, organismos económicos, medios de comunicación y empresas estratégicas”
Por su parte, la portavoz adjunta del GPP en el Congreso, Miriam Guardiola, asegura que “la transparencia no es una opción, es una obligación” y añade que el Gobierno de Pedro Sánchez “es el más opaco y corrupto de la historia de la democracia”
Destaca que “la degradación sanchista de las instituciones está bajo la lupa de las europeas”, a la vez que sentencia que “los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad y las instituciones no pueden ser su cortijo”
“La salud democrática en España se hunde”, afirma, al tiempo que recuerda que cuando Pedro Sánchez llegó al poder lo hizo prometiendo austeridad, máxima transparencia, cero casos de corrupción y una gestión irreprochable desde un punto de vista formal
Apunta que el Gobierno de Sánchez incumple el deber de transparencia: del Falcon al Súper Puma negándose a dar los datos de viajes etc, amparándose en una Ley de Franco (1968) la de Secretos Oficiales, “que para denegar información parece que le sirve”
Reprocha a Sánchez y sus ministros que utilicen el Falcón y el Súper Puma para asistir a actos del Partido Socialista y, ante la negativa de informar, ha decidido que los gastos de viajes de los miembros del Ejecutivo “constituyen información de carácter económico y se nutren de los PGE”
Aclara que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) nunca había registrado tantas peticiones de amparo ante la censura impuesta por los ministerios para garantizar a los ciudadanos su derecho de acceso a la información pública