La portavoz de Justicia del GPP, María Jesús Moro, denuncia que al Gobierno no le importa que la implantación de esta ley sea imposible sin riesgo de colapsar el sistema judicial, que su aplicación pueda llevar a la ruina a ayuntamientos y comunidades, o que sea más difícil de interpretar que un jeroglífico. "Se aprueba sí o sí, por encima de todo, sin importar el costo, porque es la justicia la que paga el precio", afirma
Sostiene que con este Proyecto de Ley estamos ante un Real Decreto-Ley Ómnibus para leyes orgánicas, ya que se registra un proyecto, pero se redacta otro a través de enmiendas en el ministerio que los grupos de Gobierno presentan e imponen. “Eso es lo que entienden por negociar”, ironiza
Asegura que este proyecto debería enfocarse en modernizar, agilizar y mejorar el sistema judicial, pero advierte que “está manchado de indignidad” ya que, tras la DANA, el PSOE convocó la ponencia para incluir en el texto todo lo posible, incluso temas sin relación alguna con la justicia ni con su eficiencia. “36 leyes modificadas dan para mucho”, sentencia
Reprocha las prisas, el oscurantismo y el cambio de cromos del Gobierno con sus socios para conseguir “sí o sí” la aprobación de esta norma que considera “tiene un efecto previsible, que es bloquear el funcionamiento de la justicia”
Anuncia que, debido a las erratas del texto y las artimañas del PSOE para realizar correcciones no técnicas, el GPP apelará al artículo 119 del reglamento para que el dictamen regrese a la Comisión de Justicia