El PP lleva ante la Comisión Europea el plan fiscal de Sánchez por vulnerar la legislación comunitaria

El Partido Popular ha presentado ante la Comisión Europea una batería de preguntas sobre el plan fiscal-estructural a medio plazo de España presentado por el Gobierno esta semana, por incumplimiento de la legislación comunitaria, tanto en cuestiones de forma como de fondo.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Grupo PPE en la Eurocámara, Dolors Montserrat, subrayó que el Plan “presenta serios defectos de fondo y forma”. “Es un plan fiscal al más puro estilo Sánchez: previsiones irreales, gasto disparado sin considerar las previsiones europeas, desprecio del criterio del Congreso, las comunidades y los ayuntamientos, y asfixiando a los territorios que tendrán que pagarlo durante los próximos siete años”.

Además de que ha sido creado sobre “estimaciones económicas irreales”, desplaza el esfuerzo a los cuatro últimos ejercicios (2028-2031), es decir, para las próximas legislaturas donde no gobernará. “Es el plan de ajuste de un gobierno moribundo que va a hipotecar nuestro futuro cuando ya no esté. Sánchez organiza la fiesta del gasto, pero la factura la pagan otros”, agregó.

El eurodiputado Fernando Navarrete denunció que detrás del batiburrillo de cifras y fórmulas de este Plan lo único que hay es el anuncio de un ajuste fiscal a partir de 2025 basado en una subida de impuestos al amparo de una supuesta reforma fiscal sin concretar y un aumento de las cotizaciones sociales, lo que acabará afectando negativamente al empleo y un mayor deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos.”

“La consecuencia final de esta composición del ajuste fiscal es que el propio Plan prevé un grave deterioro de la capacidad de crecimiento potencial de la economía desde el entorno del 2 % a apenas un 1 % al final de la década”, subrayó.

La batería de preguntas presentadas por el PP se basa en el Reglamento europeo 2024/1263, que recoge las reglas que deben cumplir los planes fiscales-estructurales a medio plazo de los Estados miembros de la zona euro, para cumplir los criterios del denominado Semestre europeo en materia presupuestaria y de reformas.

El Reglamento establece la necesidad de involucrar los Parlamentos nacionales y partes interesadas y la obligatoriedad de consultar a las autoridades regionales antes de presentar dicho Plan. Dado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desatendido las peticiones del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados para debatirlo, ni lo ha presentado a las Comunidades Autónomas en la correspondiente conferencia sectorial, el Partido Popular pide a la Comisión que intervenga pues ello “menoscaba la apropiación nacional y la credibilidad del nuevo marco de gobernanza fiscal de la UE”, tal y como recoge la normativa.

BASES IRREALES

Otra pregunta se refiere a la necesidad europea de que el plan fiscalestructural incluya el impacto de las reformas sobre la base de material probatorio de carácter económico que sea sólido. Cuestión que no se ha dado en el caso español, especialmente en la valoración de la reforma de las pensiones en la que el gobierno ha decidido ignorar el impacto negativo de la subida de las cotizaciones sociales sobre el empleo y la capacidad de crecimiento de la economía.

Asimismo, otra cuestión recuerda que el Reglamento europeo prevé que cada Plan mencione la situación procedimental en el contexto nacional, con una senda de gasto coherente con el plan presupuestario. Teniendo en cuenta la situación de “excepcionalidad presupuestaria” que vive España desde finales de 2023, el PP quiere que la Comisión europea evalúe la vulneración del plazo legal de presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 así como el hecho de que el Gobierno tampoco haya presentado a la fecha de remisión del Plan fiscal-estructural su proyecto de plan presupuestario.

Además, llama la atención sobre las consecuencias de esta situación de precariedad presupuestaria prolongada en el tiempo en tanto que socava la credibilidad del nuevo marco de gobernanza fiscal en la UE y perjudica la adecuada consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria.