El PP lleva a los parlamentos regionales su plan de choque en defensa del agro español “y que PSOE y sus socios demuestren el apoyo al sector”

El Partido Popular registrará en todos los parlamentos regionales proposiciones no de ley (PNL) con 15 medidas urgentes en defensa del campo español. La secretaria general, Cuca Gamarra, ha afirmado que la iniciativa es “necesaria y urgente”, ya que es una gran oportunidad “para que el PSOE y sus socios demuestren el apoyo al sector”.

Cuca Gamarra y la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, han visitado una explotación ganadera y han podido conocer de primera mano los problemas por los que atraviesa el sector primario. “Una de las acciones urgentes que llevamos en el plan de choque es la reducción del IVA de productos básicos como la carne, y exigiremos que se haga de forma inmediata a través de los parlamentos regionales, como también lo estamos haciendo con la presentación de mociones en los ayuntamientos españoles”, ha señalado.

Entre las 15 medidas que conforman la proposición no de ley, se exige el compromiso de no imponer nuevos impuestos, la flexibilización de la burocracia de la PAC, la reducción del IVA de productos esenciales como la carne y las conservas, o la suspensión del impuesto al plástico, que lastra la competitividad del sector primario español.

SECTOR ESTRATÉGICO

El PP ha manifestado en diversas ocasiones el carácter estratégico del sistema agroalimentario español y por ello plantea este plan de choque que abarca medidas “inmediatas” de distintos ámbitos.

La PNL que se presentará en los parlamentos regionales contiene acciones como garantizar la producción de alimento y reforzar su imagen, las referentes a los costes de producción o una fiscalidad diferenciada para hacer más accesibles ciertos productos. Se exigen soluciones que proporcionen seguridad jurídica y garantías de funcionamiento del sector, como la disponibilidad de recursos hídricos o la revisión del sistema de seguros agrarios.

Así mismo se propone la revisión de aquellas actuaciones que puedan suponer un lastre para la competitividad, como la implantación de impuestos y el análisis del impacto de nuevas normativas, las que supongan competencia desleal para los productos españoles, las medidas de carácter económico para mejorar la financiación y desarrollo de proyectos, la reducción de carga burocrática y la flexibilización de la Política Agraria Común