Muestra su apoyo a las reivindicaciones, rechazan el boicot a las mercancías españolas y piden el pago de las indemnizaciones de manera “rápida y ágil” • Exigen al ministro Planas que se reúna con su homólogo francés para detener esta crisis
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, y la secretaria ejecutiva de Agricultura, Mercedes Morán, junto con los portavoces parlamentarios en Congreso y Senado, han mantenido este miércoles una reunión con representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Unión de Uniones para expresar el apoyo al campo español y sus reivindicaciones y analizar la situación del sector en plena crisis en Francia y ante el anuncio de nuevas movilizaciones. “Apoyamos las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. La situación es insostenible”, han explicado.
En el transcurso del encuentro, el Partido Popular ha rechazado el boicot a las mercancías españolas en Francia y ha pedido que se exija el pago inmediato de las correspondientes indemnizaciones a los afectados de “forma ágil y rápida” porque suponen enormes pérdidas –los expertos señalan que la valoración de daños puede alcanzar los 12 millones de euros al día– y piden al ministro Planas que se reúna con su homólogo francés para parar esta crisis y defender los productos españoles.
De igual manera, los responsables del PP han mostrado su apoyo al plan de choque que proponen las OPAS y han considerado que las políticas socialistas del Gobierno han colapsado el campo español, como se puede observar estos días. Seis años de olvidos, inacciones y políticas equivocadas han llevado a un sector puntero Marca España a entrar en zona roja. La falta de rentabilidad, los altos costes de producción, la inflación, la disminución y efectividad de las ayudas, la ausencia de relevo generacional, el anuncio de nuevos impuestos al sector y las nuevas exigencias de las políticas comunitarias han eclosionado estos días con la crisis de Francia y la sequía en el frente.
“El sector agroalimentario necesita de un cambio de rumbo hacia la competitividad para poder obtener soluciones inmediatas y salir del túnel en el que le están metiendo”, ha explicado la secretaria general.
COSTES DE PRODUCCIÓN DISPARADOS
La situación no admite demoras. El campo español ha perdido competitividad y la balanza comercial se ha visto alterada. Ha bajado el volumen exportado y ha aumentado el volumen importado, según datos provisionales a cierre de 2023. Un porcentaje alto de las frutas y hortalizas que se consumen en España son importadas por ser más fáciles y baratas de comprar que las nacionales.
Según los datos del propio ministerio, desde que Sánchez gobierna en España se produce un 12’4% menos, 3 millones de toneladas menos de frutas y hortalizas; se exporta un 10’2% menos, casi 1’3 millones de kilos menos y se importa un 24,3% más). Nuestras explotaciones ganaderas han perdido más de 3 millones de cabezas de ganado desde que Sánchez es presidente.
La responsabilidad del Gobierno es clara: el impuesto al plástico, la nueva ley de residuos, las nuevas exigencias de envases, el impuesto al azúcar que afecta a zumos y néctares, la subida de los costes laborales y de la energía, sin nuevo plan de sequía, sin adaptar el sistema de seguros agrarios, nuevas condicionalidades laborales y con menos recursos conseguidos en la negociación de la PAC que además incluye nuevas exigencias medioambientales con alto coste de adaptación.
AGUA, SEGUROS, IMPUESTOS Y ENERGÍA
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, ha trasladado la apuesta del PP por un Pacto Nacional de Agua y un plan global de inversiones en infraestructuras que incluye la ejecución comprometida en el programa electoral relativa a saneamiento, depuración, regadíos, así como la modernización de las infraestructuras existentes. Asimismo, ha exigido la adaptación de los seguros agrarios.
En la reunión se ha analizado el aumento de los costes de producción y comercialización en el sector, que “son superiores a los de otros países, desequilibran la balanza comercial con un crecimiento de las importaciones el triple que las exportaciones en el último año”. En este sentido, se ha lamentado que España sea el único país europeo que ha puesto en funcionamiento en plena crisis de precios el impuesto al plástico que tanto encarece la comercialización de los productos.
Se ha debatido sobre la necesidad de medidas que contribuyan a reducir los costes de producción y comercialización en energía, establecer subvenciones a los combustibles agrícolas, abordar el tema de los fertilizantes, el impuesto al plástico y adaptar ley de residuos a las exigencias de la Directiva europea sin ir más allá que el resto de países de la UE.
También se ha hablado de la propuesta del PP de blindar el carácter estratégico del sector a través de una ley, la necesaria reforma del PERTE alimentario que tiene un presupuesto escaso y la necesidad de reformar la ley de cadena alimentaria, cuya reforma no fue consensuada con el sector, y en su nueva versión se ha descubierto como un instrumento “ineficaz”